La Junta de Juanma Moreno extiende los tipos reducidos hasta 200.000 euros y crea una vicepresidencia económica para coordinar políticas de crecimiento
La Junta de Andalucía aprobará en los Presupuestos de 2027 una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de viviendas de segunda mano, que pasará del 7% actual al 6,75%, según anunció este jueves la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante la comisión parlamentaria de presentación de las líneas maestras de su departamento. La medida, que beneficiará a 138.000 andaluces el próximo año, forma parte de un plan gradual para reducir el tipo hasta el 6% antes de finalizar la legislatura.
Además, la Junta ampliará el límite de precio para aplicar el tipo reducido del 6% —destinado a viviendas habituales— de los actuales 150.000 euros a 200.000 euros, una medida que afectará a 3.700 familias. El tipo superreducido del 3,5%, reservado a colectivos vulnerables como menores de 35 años, víctimas de violencia de género o residentes en zonas de despoblación, también se extenderá hasta los 200.000 euros, mientras que para personas con discapacidad y familias numerosas el límite subirá a 300.000 euros.
España destacó que estas medidas buscan facilitar el acceso a la vivienda, un eje central de la legislatura, y recordó que en 2021 el Gobierno de Juanma Moreno ya redujo el ITP del 10% al 7% para unificar tipos. «No será la única medida en materia de vivienda», advirtió, sin detallar cuáles serán las siguientes.
La consejera también anunció la creación de una nueva Vicepresidencia con competencias económicas para coordinar políticas que impulsen la inversión, el empleo y la productividad. Este cambio estructural, según España, permitirá agilizar trámites administrativos y acompañar a inversores durante la tramitación de proyectos, reforzando la Unidad Aceleradora de Proyectos.
Los Presupuestos de 2027 contarán con el respaldo de una mayoría parlamentaria estable, lo que garantizará su aprobación sin obstáculos. La Junta subrayó su compromiso con la estabilidad presupuestaria y la gestión responsable de fondos públicos, incluyendo los europeos, para acelerar la transformación económica de la región.
La consejera también reclamó una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice recursos suficientes y equitativos para Andalucía, un tema recurrente en el debate sobre la suficiencia financiera de las comunidades.
El contexto: cómo llegó Andalucía a este punto
La rebaja del ITP no es la primera en la legislatura. En 2021, el Gobierno andaluz unificó los tipos impositivos para viviendas de segunda mano —que oscilaban entre el 8% y el 10%— en un único 7%, una medida que ya supuso un ahorro para miles de compradores. Ahora, con la nueva reducción al 6,75%, Andalucía se alinea con otras comunidades como Madrid (6%) o Canarias (6,5%), aunque mantiene tipos más altos que regiones como Navarra (4%) o País Vasco (3%), donde el sistema fiscal es distinto.
El anuncio llega en un momento de tensión en el mercado inmobiliario andaluz, con precios estancados en ciudades como Sevilla y Málaga y un aumento de la demanda en zonas rurales, donde la despoblación agrava la escasez de viviendas. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Andalucía registró en 2025 un 12% de viviendas vacías, una de las tasas más altas de España, lo que contrasta con la dificultad de acceso para muchos ciudadanos.
La Junta justifica estas medidas como parte de un plan más amplio para dinamizar la economía regional, que incluye atraer inversión extranjera y reducir barreras administrativas. Sin embargo, la oposición —encabezada por el PSOE y Podemos— ya ha criticado en el pasado estas rebajas fiscales, argumentando que benefician principalmente a compradores con mayor capacidad adquisitiva y no resuelven el problema de la vivienda asequible para jóvenes y familias con menos recursos.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, estas medidas refuerzan su discurso de estabilidad económica y atractivo inversor, clave en una legislatura marcada por la reelección en 2024. La creación de la nueva vicepresidencia económica, asumida por España, busca centralizar la toma de decisiones en políticas clave como fondos europeos, impuestos y crecimiento empresarial, un movimiento que algunos analistas interpretan como una respuesta a las críticas por la fragmentación de competencias en el Ejecutivo.
El PSOE andaluz, en la oposición, podría aprovechar estas medidas para cuestionar la gestión de Moreno, especialmente si los Presupuestos no incluyen partidas adicionales para vivienda protegida. Por su parte, Podemos y Sumar han señalado en el pasado que las rebajas fiscales en el ITP no compensan la falta de políticas activas de alquiler social, un debate que podría reactivarse con estos nuevos datos.
En el ámbito institucional, la creación de la vicepresidencia económica podría generar tensiones internas en la Junta, donde otros consejeros —como los de Hacienda o Empleo— ven amenazadas sus competencias. No obstante, España ha insistido en que el cambio busca coordinar, no restar poder a otros departamentos.
Para los ciudadanos, el impacto será directo: según cálculos de la Consejería, una vivienda de 200.000 euros pagará 1.350 euros menos en impuestos en 2027, una cantidad significativa en un contexto de inflación persistente. Sin embargo, el beneficio real dependerá de si el mercado responde con una bajada de precios o si la demanda se mantiene alta, lo que podría limitar el ahorro efectivo.
