Óscar López censura la gestión de Almeida y Ayuso mientras busca apoyos parlamentarios para evitar nuevos desahucios
Las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios buscan cerrar un pacto sobre el decreto de vivienda antes de elevarlo al Consejo de Ministros. El titular de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmó estos contactos durante unas jornadas educativas en Madrid. Según detalló, el texto normativo podría llegar a la mesa del Ejecutivo este mismo martes.
La convalidación en el Congreso de los Diputados representa el principal obstáculo para la iniciativa. El propio ministro recordó que el Partido Popular y Vox han tumbado la norma hasta en cuatro ocasiones previas en la Cámara Baja. A su juicio, estas fuerzas parlamentarias han impedido que salgan adelante medidas diseñadas para frenar los lanzamientos hipotecarios y desahucios en los barrios vulnerables.
El dirigente socialista aprovechó su intervención para confrontar directamente con la administración municipal de la capital. López censuró al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien reprochó presumir de no aplicar medidas públicas residenciales. La crítica situó como referente inmediato la movilización convocada en la ciudad por el Sindicato de Inquilinas y el reciente desahucio de una octogenaria llamada Maricarmen.
Las acusaciones del secretario general del PSOE madrileño alcanzaron también a la presidencia autonómica. López afirmó que el Partido Popular utiliza las instituciones en beneficio de fondos de inversión en lugar de atender la emergencia habitacional. Asimismo, vinculó los recursos de la Comunidad de Madrid con contratos superiores a seis millones de euros relacionados con la residencia particular de Isabel Díaz Ayuso.
El trámite del decreto ley afronta ahora una aritmética parlamentaria muy ajustada en las Cortes Generales. Cada real decreto aprobado por el Consejo de Ministros dispone de un plazo constitucional de 30 días para someterse a votación en el pleno del Congreso. Si la mayoría simple rechaza la convalidación, la norma decae de forma automática, como ya ocurrió en anteriores intentos legislativos sobre esta misma materia.
