El paquete incluye dos reales decretos con un IVA del 10% a los pisos turísticos, deducciones en el IRPF y 2.000 millones en avales para alquiler social, pendiente ahora de trámite parlamentario.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que amplían la protección frente a los desahucios hasta 2030 y crean una línea de préstamos públicos al 0% de interés para comprar la primera vivienda. La norma anterior fijaba esa protección para hogares vulnerables hasta finales de 2026, por lo que la medida añade cuatro años al mecanismo extraordinario que ha estado vigente en los últimos ejercicios. El paquete también prorroga contratos de alquiler, cambia la fiscalidad de propietarios e inquilinos y regula el alquiler de temporada y por habitaciones. Las medidas deberán seguir ahora el procedimiento parlamentario correspondiente.
La extensión de la protección frente a los desahucios modifica el mecanismo extraordinario vigente, no solo lo prorroga. Ese instrumento ha operado en los últimos años como una red para hogares en situación de vulnerabilidad acreditada, de modo que la nueva redacción amplía el periodo durante el cual esos hogares pueden acogerse a la suspensión del lanzamiento. La norma anterior contemplaba esta protección hasta finales de 2026, según el texto aprobado.
En paralelo, los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse dos años más. La medida amplía durante ese periodo la relación contractual entre propietario e inquilino en los supuestos contemplados por la norma, lo que da margen a los arrendatarios para renegociar o buscar alternativa sin salir del contrato. El Ejecutivo también introduce una regulación específica para los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades cuyo peso en el mercado ha aumentado durante los últimos años.
IVA del 10% a los pisos turísticos y freno a los fondos
El paquete incorpora un IVA del 10% para los pisos turísticos, una figura que hasta ahora quedaba fuera del régimen general del alquiler residencial. La medida busca equiparar la carga fiscal de estos inmuebles con la de otras actividades económicas. Junto a ello, el Gobierno añade limitaciones dirigidas a frenar determinadas operaciones de compra de vivienda por parte de fondos de inversión, un tipo de operación que ha crecido en los últimos años en zonas de alta demanda.
Los propietarios que reduzcan el precio del alquiler podrán acceder, bajo determinadas condiciones, a reducciones de hasta el 100% en el IRPF sobre los rendimientos obtenidos por el arrendamiento. Para los inquilinos, los decretos contemplan deducciones vinculadas al pago del alquiler para contribuyentes con rentas inferiores a 33.000 euros anuales. La combinación de ambas medidas apunta a un doble incentivo: bajar la renta cobrada y aliviar la factura de quien la paga.
La línea de financiación pública para la primera vivienda se canalizará a través del ICO. Los préstamos serán de hasta 50.000 euros, al 0% de interés y sin comisiones, y servirán para complementar la financiación hipotecaria. La cantidad podrá cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda, con el límite establecido de 50.000 euros. El objetivo declarado es cubrir la parte que la hipoteca no financia, habitualmente la entrada.
2.000 millones en avales y un IVA del 4% para la vivienda protegida
El paquete incorpora 2.000 millones de euros en avales públicos para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o asequible. A esa cifra se suman otros 280 millones para impulsar la construcción industrializada, una técnica que reduce plazos de obra al fabricar módulos en taller y ensamblarlos después. El Ejecutivo plantea además aplicar un IVA reducido del 4% a las viviendas de protección pública, dentro de las medidas destinadas a favorecer la construcción y disponibilidad de vivienda protegida.
El nuevo paquete se suma al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ya contempla programas de acceso al alquiler, vivienda asequible, protección de colectivos vulnerables y promoción de vivienda protegida. La diferencia es que los reales decretos aprobados este martes añaden instrumentos fiscales y financieros que no estaban en el plan, como el préstamo al 0% del ICO o el IVA del 10% a los pisos turísticos.
El trámite parlamentario que ahora arranca determinará si el texto mantiene el apoyo suficiente. Los reales decretos entran en vigor con su publicación, pero el Congreso puede convalidarlos o derogarlos, y los grupos pueden tramitarlos como proyectos de ley para introducir cambios. Ese paso es el que decidirá si las medidas llegan intactas o se modifican durante el proceso.
