El Consejo de Ministros aprueba dos reales decretos: uno con medidas clave como prohibición de desahucios hasta 2030 y otro con la renovación automática de contratos, que podría perder apoyo parlamentario
Madrid, 30 de septiembre de 2026 — El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el martes dos reales decretos ley separados para regular la vivienda, una decisión estratégica que busca salvar un paquete de medidas pactado con sus socios parlamentarios. El primer decreto, el más amplio, incluye la prohibición de desahucios hasta 2030, la regulación de alquileres turísticos y por habitaciones, la prohibición de compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028 y ayudas fiscales a propietarios. La renovación automática de contratos de alquiler, sin embargo, se ha desvinculado y se tramitará en un segundo decreto, una medida que el ala socialista del Ejecutivo justifica para evitar que la oposición bloquee el conjunto de la reforma.
La estrategia responde a un cálculo político preciso: el Gobierno necesita los votos de Sumar y Junts para aprobar las medidas más controvertidas, como la prohibición de desahucios y la regulación de fondos buitre. La renovación automática de contratos, en cambio, ha generado rechazo en sectores conservadores y liberales, incluso dentro de la coalición gobernante. Fuentes del PSOE consultadas por Europa Press confirmaron que la decisión de separar la medida busca ‘proteger el paquete completo’, ya que su inclusión en el primer decreto podría haberlo condenado al fracaso en el Congreso.
El decreto más amplio, que se someterá a votación el viernes en el Congreso, recoge medidas con un impacto inmediato en el mercado inmobiliario. Entre ellas destaca la prohibición expresa de desahucios en viviendas principales hasta 2030, una medida que afecta directamente a más de 1,2 millones de hogares en riesgo de exclusión residencial según datos del Ministerio de Vivienda. También se regula por primera vez los alquileres turísticos y por habitaciones, un sector en expansión que hasta ahora operaba con escasa supervisión estatal. Además, se prohíbe la compra de viviendas por parte de fondos buitre hasta 2028, una restricción que busca frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda asequible.
La renovación automática de contratos, por su parte, se pospone a un segundo decreto. Esta medida, que obligaría a los propietarios a renovar automáticamente los contratos de alquiler bajo ciertas condiciones, ha generado resistencia en el sector inmobiliario y en partidos como el PP y Vox. Según fuentes parlamentarias, su exclusión temporal del paquete principal evita que la oposición pueda argumentar que el Gobierno ‘ataca a los propietarios’ para bloquear el conjunto de la reforma. El riesgo era alto: sin los votos de Junts, el decreto no tendría mayoría en el Congreso.
El contexto político es clave para entender esta maniobra. El Gobierno necesita aprobar estas medidas antes de que finalice el año, un plazo que coincide con la presión de la oposición para retrasar o modificar el texto. La división en dos decretos permite al Ejecutivo negociar por separado cada medida, priorizando primero las que tienen mayor consenso interno y externo. Además, al separar la renovación automática, el Gobierno gana tiempo para buscar apoyos adicionales o ajustar el texto antes de su votación.
Las implicaciones de esta estrategia son dobles. Por un lado, el Gobierno demuestra capacidad de negociación interna, evitando fracturas con Sumar y Junts. Por otro, deja en evidencia las divisiones dentro de la coalición gobernante: mientras el PSOE y Podemos apoyan medidas como la prohibición de desahucios, sectores más moderados del Gobierno, como los vinculados a la patronal inmobiliaria, han presionado para suavizar o retrasar otras, como la renovación automática.
El siguiente paso será la votación en el Congreso el viernes. Si el decreto principal supera el trámite parlamentario, el Gobierno tendrá que negociar nuevamente con la oposición y sus socios para aprobar el segundo decreto, que incluirá la renovación automática. La presión sobre el Ejecutivo será alta: si falla en una de las dos votaciones, el paquete completo de vivienda podría quedarse en nada.
