Sumar exige medidas urgentes este martes; Junts abre negociación y el PSOE estudia ceder en posiciones para aprobar decreto ley bloqueado desde julio
Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada en camilla este lunes tras vivir más de 70 años en su casa, un caso que ha reavivado el clamor social por la vivienda y forzado al Gobierno a admitir que se enfrenta a un «punto de inflexión». Las imágenes de su expulsión han revivido el trauma de la crisis de 2008, cuando los desahucios eran titulares diarios. Según datos oficiales, solo en el primer trimestre de 2026 hubo 4.000 desahucios, pero este caso concreto ha convertido a Maricarmen en símbolo de una crisis que afecta a millones: precios de vivienda inalcanzables y alquileres que devoran hasta el 50% de los salarios.
El Gobierno, presionado por la izquierda y la sociedad civil, ha acelerado los plazos para aprobar un real decreto ley de vivienda que lleva bloqueado desde julio. Fuentes de Moncloa reconocen que el caso obliga a «respuestas inmediatas», incluso este martes, y piden a todos los grupos parlamentarios «ceder en sus posiciones» para evitar un nuevo fracaso. El texto, que incluye paralizar desahucios y regular fondos buitre, fue tumbado en julio por PP, Vox y Junts. Ahora, Sumar exige su aprobación «sea como sea» y amenaza con movilizaciones si no se actúa.
Junts, clave para la aprobación, ha abierto negociación con el Gobierno tras semanas de bloqueo. Fuentes del partido catalán confirmaron que entregaron propuestas hace dos semanas y que el PSOE las estudia. Sin embargo, sus exigencias —desgravaciones fiscales para pequeños propietarios— chocan con las de Sumar, que pide congelar alquileres, regular viviendas turísticas y proteger a inquilinos de fondos buitre. El PSOE, en medio de la presión, podría aceptar medidas que antes rechazaba, como la paralización de desahucios.
Mientras, Sumar también exige expropiar la vivienda de Maricarmen, una medida que Yolanda Díaz y otros ministros presionan para incluir en el Consejo de Ministros de este martes. La vicesecretaria general de Sumar, Ada Colau, advirtió que, si no hay avances, su partido podría romper la coalición con el PSOE por «cobardía». El PP, por su parte, es instado a negociar un texto que ya apoyó en 2025, aunque ahora se resiste a abstenerse para convalidarlo.
El caso Maricarmen no es aislado: refleja una crisis estructural. Según el Gobierno, la vivienda es la principal preocupación ciudadana, pero las medidas aprobadas hasta ahora —como el decreto de julio— han fracasado por falta de consenso. Con las calles en alerta y los partidos bajo presión, el martes será clave para saber si España logra dar un giro real o si la crisis sigue ahogando a miles de familias en silencio.
