Dos congresistas, uno demócrata y otro republicano, logran apoyo para forzar una nueva votación, pero el receso legislativo hasta noviembre bloquea el avance
Ro Hanna y Thomas Massie, congresistas demócrata y republicano respectivamente, han logrado este jueves los apoyos necesarios para forzar una nueva votación en la Cámara de Representantes de EE.UU. que permita desclasificar más archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Sin embargo, la votación no se celebrará hasta después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, ya que la Cámara se encuentra en receso hasta el 9 de noviembre.
Los dos legisladores, que ya impulsaron en julio un proyecto de ley para ampliar la transparencia sobre los documentos de Epstein, aseguran contar con las 218 firmas necesarias para aprobar su iniciativa. Pero el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, ha adelantado el receso, impidiendo que se vote ahora sobre este asunto ni sobre la propuesta de juicio político al secretario de Guerra, Pete Hegseth, presentada también por Massie.
Según han confirmado en sus redes sociales, los congresistas Brian Fitzpatrick, Ralph Norman y Nancy Mace —todos republicanos— se han sumado a la petición para publicar más archivos del caso. Hanna, en un video publicado en X, declaró: «Thomas Massie y yo hemos desafiado la historia por segunda vez. No descansaremos hasta que los abusadores de los documentos de Epstein rindan cuentas y se haga justicia».
El proyecto de ley, presentado en julio bajo el nombre «Archivos de Epstein II», busca ampliar la ley aprobada en 2023 y permitiría a fiscales y víctimas demandar al fiscal general de EE.UU. por supuestas retenciones ilegales de documentos. Tras la aprobación de la primera ley, el Departamento de Justicia publicó en enero de 2024 millones de páginas relacionadas con Epstein, aunque muchos archivos contenían tachaduras que los hacían ininteligibles.
Legisladores y víctimas del caso insisten en que aún faltan documentos por desclasificar. Según el texto de la propuesta, la ley anterior solo obligó a publicar archivos «relevantes para la investigación penal», pero no todos los relacionados con Epstein. Además, muchos de los documentos ya publicados estaban tan censurados que resultaban inútiles para entender su contenido.
El contexto legal: dos leyes y un receso que frena la justicia
La primera ley de transparencia sobre los archivos de Epstein, aprobada en 2023, fue impulsada por los mismos congresistas tras años de presión de víctimas y medios de comunicación. Esta ley obligó al Departamento de Justicia a publicar documentos relacionados con la investigación del fiscal especial David Boies, quien cerró el caso en 2008 sin condena para Epstein. Sin embargo, tras su muerte en prisión en 2019, surgieron nuevas acusaciones sobre su red de contactos y posibles encubrimientos.
La segunda ley, presentada en julio de 2024, amplía los plazos y las obligaciones del Departamento de Justicia, exigiendo la publicación de todos los archivos «relacionados con Epstein», no solo los vinculados a investigaciones penales. Además, permite a víctimas y fiscales demandar al fiscal general si se niega a cumplir con la ley. Pero el receso legislativo hasta después de las elecciones —previstas para el 3 de noviembre— ha paralizado el proceso.
El receso, decidido por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, afecta también a otras iniciativas, como el posible juicio político contra Pete Hegseth, secretario de Guerra desde 2023. Massie, uno de los impulsores de ambas propuestas, ha criticado la decisión, argumentando que se está «obstruyendo la transparencia» en un caso con implicaciones para figuras públicas y posibles víctimas.
¿Qué se juegan los congresistas y las víctimas?
Para Ro Hanna y Thomas Massie, la desclasificación total de los archivos de Epstein es una cuestión de «justicia y rendición de cuentas». Ambos han destacado que el caso no solo involucra a Epstein, sino a posibles cómplices en el gobierno, la justicia y el mundo financiero. Según han señalado en declaraciones previas, la publicación de documentos podría revelar «conexiones ocultas entre Epstein, figuras políticas y el sistema bancario».
Las víctimas del caso, muchas de ellas menores en el momento de los abusos, han exigido durante años acceso a los archivos completos. Organizaciones como Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) han denunciado que la falta de transparencia «protege a los poderosos» y perjudica a las víctimas, que no pueden acceder a información clave para demandas civiles.
Políticamente, el tema divide a demócratas y republicanos. Mientras Hanna —progresista y cercano a figuras como Bernie Sanders— lo presenta como una lucha contra la opacidad del poder, Massie, libertario y crítico del gobierno federal, lo enmarca en su defensa de la transparencia burocrática. La suma de apoyos de republicanos como Fitzpatrick, Norman y Mace —todos moderados o conservadores— sugiere que el tema trasciende el partido y podría ganar fuerza tras las elecciones.
El receso hasta después del 3 de noviembre complica el calendario. Si la Cámara no logra aprobar la ley antes de las elecciones, el nuevo Congreso —con posibles cambios en el control de la Cámara— podría bloquear o modificar la iniciativa. Para las víctimas, cada semana de retraso significa «más tiempo para que los responsables escapen de la justicia».
El Departamento de Justicia, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas sobre el contenido de los archivos pendientes. Sin embargo, fuentes internas citadas por medios como The New York Times han sugerido que algunos documentos podrían incluir «comunicaciones entre Epstein y altos cargos del gobierno», aunque sin confirmar su autenticidad.
