El acuerdo incluye una reforma legal y un cronograma que comienza este agosto, tras meses de tensiones por la captura de Maduro y el control judicial chavista
Dinorah Figuera, líder opositora en las negociaciones, y el régimen de Delcy Rodríguez han anunciado este miércoles un acuerdo histórico para renovar a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un órgano acusado de ser el principal bastión del chambismo desde su creación en 1999. El pacto, alcanzado en el primer ciclo de diálogos impulsado por Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la transición política del país tras la captura de Nicolás Maduro en julio y la asunción de Rodríguez como presidenta interina.
El acuerdo, suscrito por ambas delegaciones, establece la «activación de un nuevo proceso de postulación para la designación de todos los magistrados», según comunicó Figuera. Este paso revierte parcialmente la reforma impulsada en mayo por la Asamblea Nacional —controlada por la oposición— que buscaba modificar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo para aumentar el número de jueces de 20 a 32, pero sin lograr su renovación total. Ahora, el acuerdo prevé no solo la sustitución de todos los magistrados, sino también una reforma de la ley que regula su funcionamiento.
El cronograma de ejecución comenzará este mismo mes de agosto con «anuncios oficiales y acciones concretas», según detalló Figuera. Entre las medidas concretas destacan la renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales, así como la creación de un «consejo de revisión de credenciales» para garantizar que los nuevos magistrados cumplan los requisitos constitucionales y legales. El proceso se desarrollará bajo un «mecanismo de trabajo continuo» que asegure el cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos.
El diálogo, iniciado el pasado 6 de agosto en Washington con la mediación de EE.UU., se enmarca en un intento de transición política pactada tras el vacío de poder generado por la captura de Maduro. Las delegaciones acordaron principios como el respeto a la soberanía nacional, la búsqueda de una solución «pacífica, democrática y constitucional», y el reconocimiento mutuo. También se comprometieron a informar periódicamente al país sobre los avances, aunque hasta ahora no se han detallado plazos concretos para la implementación de estos cambios.
El contexto: ¿Por qué este acuerdo es clave en la transición venezolana?
El Tribunal Supremo de Justicia ha sido durante décadas el principal instrumento del chambismo para consolidar su control político. Desde su creación en 1999, bajo la presidencia de Hugo Chávez, el órgano ha sido utilizado para anular decisiones de la oposición, invalidar elecciones y bloquear reformas constitucionales. Su independencia ha sido sistemáticamente cuestionada, especialmente tras la sentencia de 2017 que despojó de inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional —controlada entonces por la oposición—, un movimiento que desencadenó una crisis institucional.
La captura de Maduro en julio, tras una operación militar liderada por sectores disidentes del régimen, dejó al país sin presidente electo y con un vacío de poder que el diálogo busca llenar. La nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez —exvicepresidenta y figura clave del chambismo—, ha impulsado reformas institucionales para «recuperar la institucionalidad», aunque sin romper del todo con las prácticas heredadas del régimen. La renovación del Tribunal Supremo, sin embargo, representa un gesto simbólico y práctico: sin su apoyo, cualquier intento de transición democrática se vería gravemente debilitado.
El acuerdo también responde a una demanda histórica de la oposición, que ha denunciado durante años la falta de autonomía judicial. En 2019, la Asamblea Nacional —controlada por la oposición— intentó reformar la ley orgánica del Tribunal para limitar su poder, pero el proceso quedó truncado por la falta de consenso y la resistencia del chambismo. Ahora, con el diálogo en marcha, ambas partes han encontrado un punto en común: la necesidad de «reconstruir la confianza» en las instituciones, según palabras de Figuera.
¿Qué se juegan cada bando y qué sigue ahora?
Para el chambismo, la renovación del Tribunal Supremo es una oportunidad para legitimar su transición sin perder el control sobre el poder judicial. Aunque el acuerdo prevé la sustitución de todos los magistrados, no especifica si los nuevos jueces serán designados por consenso o mediante un proceso transparente. La oposición, por su parte, ve en este paso un avance hacia la «esclavización» de las instituciones, pero también un riesgo: si el proceso no garantiza la independencia de los nuevos magistrados, el acuerdo podría convertirse en un mero cambio cosmético.
El siguiente paso será la implementación del cronograma, que comienza este agosto con «anuncios oficiales». Según Figuera, el mecanismo de trabajo incluirá verificaciones independientes para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Sin embargo, el mayor desafío será evitar que el acuerdo quede en papel: en Venezuela, los pactos políticos suelen ser incumplidos cuando no hay presión internacional. La mediación de EE.UU. será clave, pero la oposición y el chambismo deberán demostrar voluntad real para que este diálogo no termine como otros antes: en un nuevo ciclo de promesas incumplidas.
Mientras tanto, la sociedad venezolana —harta de crisis institucionales— observa con escepticismo. La pregunta que muchos se hacen es si esta vez será diferente: ¿lograrán las partes superar sus divisiones, o el Tribunal Supremo seguirá siendo un campo de batalla política?
