El Gobierno cubano denuncia que las nuevas restricciones a viajes, bancos y sector privado, anunciadas por Washington, buscan frenar el proceso de liberalización económica en la isla, que registra una caída del 10,3% en su PIB este año
Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, acusó el martes a Estados Unidos de «obstaculizar» las reformas económicas en la isla tras el anuncio de nuevas restricciones por parte de Washington. Las medidas, que entran en vigor el miércoles, eliminan los viajes educativos grupales a Cuba, limitan las transacciones financieras con entidades vinculadas al Gobierno cubano y prohíben a bancos estadounidenses abrir cuentas para empresarios privados en la isla.
Rodríguez, quien participaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, calificó las nuevas normas como «otra oleada de medidas de bloqueo» contra el pueblo cubano. Las disposiciones, detalladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., afectan tanto al sector público como al privado, pese a que funcionarios estadounidenses alegaron que buscan favorecer a este último.
El canciller cubano vinculó directamente las medidas con las declaraciones del senador Marco Rubio, quien el lunes afirmó que «Cuba ya ha caído». Rodríguez cuestionó el timina de las sanciones, señalando que habían pasado «menos de 24 horas» desde esas palabras, y definió a Rubio como «el exponente de una política agresiva» basada en «fuerza e intimidación».
Las reformas económicas cubanas, aprobadas en junio y ya en aplicación, buscan liberalizar y descentralizar sectores clave de la economía en un contexto de crisis energética y contracción del PIB del 10,3% este año, según datos de organismos internacionales citados por EFE.
176 reformas apuntan a reformar comercio y propiedad privada
El paquete de reformas aprobado por el Gobierno cubano en junio incluye cambios en áreas como el comercio exterior, la propiedad privada y la gestión estatal. Estas medidas responden a una crisis económica agravada desde enero de 2024 por las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, además de sanciones dirigidas contra sectores estratégicos como energía, defensa y finanzas.
Según análisis internacionales, la economía cubana enfrenta su mayor caída en décadas, con una contracción del 10,3% del PIB en 2026, la más profunda de América Latina y el Caribe. Las nuevas restricciones de EE.UU. afectan directamente a los viajes educativos —conocidos como «pueblo a pueblo»—, que deberán realizarse bajo supervisión de organizaciones autorizadas, y prohíben transacciones financieras con entidades vinculadas al aparato militar y de inteligencia cubano.
Además, los bancos estadounidenses no podrán procesar transacciones relacionadas con Cuba si estas involucran puntos fuera de EE.UU., lo que limita aún más el acceso a divisas para la isla.
Washington intenta frenar descentralización y apertura privada
Las medidas de Washington buscan, según fuentes oficiales, «proteger» el sector privado cubano de la influencia estatal. Sin embargo, La Habana las interpreta como un intento de frenar las reformas económicas, que incluyen la descentralización de competencias y la apertura a la propiedad privada en sectores como la agricultura y el turismo.
El endurecimiento de las sanciones coincide con un momento crítico para la isla, donde la escasez de combustible y alimentos se ha agravado. Mientras, el Gobierno cubano insiste en que las reformas son «irreversibles» y apela a la comunidad internacional para contrarrestar el bloqueo económico.
La respuesta de Cuba no se ha limitado a lo diplomático: Rodríguez advirtió que las nuevas medidas «solo se sostienen sobre la base de la fuerza», en referencia a la política de EE.UU. hacia la isla desde hace décadas.
El conflicto escaló el martes cuando el Departamento de Estado de EE.UU. prohibió además la participación de ciudadanos estadounidenses en reuniones profesionales en Cuba, una medida que afecta directamente a académicos, científicos y empresarios que mantenían vínculos con la isla.
El Departamento del Tesoro también estableció que los viajes educativos a Cuba deben realizarse bajo la supervisión de una organización autorizada y que los estudiantes deben viajar acompañados por representantes de dicha institución, una exigencia que limita la autonomía de los grupos de estudio y de intercambio cultural.
Las nuevas normas también prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras directas o indirectas con entidades incluidas en la lista de sancionados, la cual abarca organismos vinculados al aparato militar y de inteligencia cubano, ampliando así el alcance de las restricciones financieras sobre la isla.
