El exvicealcalde madrileño vincula la compra de Inassa en 2001 con una operación política para perjudicar al expresidente popular
Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y consejero de Presidencia durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad, ha acusado este martes en la Audiencia Nacional a Ignacio González y al exministro Eduardo Zaplana de diseñar una «operación política» para perjudicar al entonces presidente popular. Según su declaración, ambos dirigentes del PP hablaron en una conversación grabada por la UCO de un «pelotazo» que habría ejecutado Gallardón con la compra en 2001 del 75% de Inassa, empresa colombiana de aguas, por 73 millones de dólares.
Cobo asegura que cuatro años después, ya con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, González encargó informes a la consultora Cuatre Casas para «empeorar la valoración» de la operación. En uno de esos documentos, encontrado en su poder, se incluían modificaciones para que la transacción pareciera «muy negativa». La Fiscalía Anticorrupción investiga a los consejeros del Canal de Isabel II —entre ellos dos consejeros del Gobierno regional— por malversación, al detectar un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros y el uso de una sociedad panameña como pantalla.
Ruiz-Gallardón, imputado en el caso, defendió la operación como «aprobada por el mercado» y sin perjuicio para la Comunidad. Argumentó que el Consejo de Gobierno solo revisaba aspectos legales y que la pluralidad de consejeros —incluyendo representantes sindicales, municipales y hasta un expresidente del Canal con Joaquín Beguina— garantizaba su transparencia. Sin embargo, Cobo insistió en que la maniobra respondía a una «venganza política» dentro del PP, aludiendo a tensiones internas entre Gallardón y González.
El caso se enmarca en la pieza separada del caso Lezo, donde la Fiscalía investiga posibles delitos de malversación y prevaricación en la gestión del Canal de Isabel II. La compra de Inassa, con concesiones en Barranquilla (Colombia), se aprobó en 2001 sin que Gallardón detectara irregularidades. Testigos como Luis Peral Guerra, exconsejero de Trabajo, confirmaron que la operación llegó al Consejo como un «paquete cerrado» y que desconocían detalles como la sociedad interpuesta.
La Audiencia Nacional analiza ahora si hubo manipulación de informes para justificar una operación que, según Cobo, buscaba «difamar» a Gallardón. El juicio podría aclarar si la compra respondía a criterios técnicos o a intereses políticos ocultos dentro del PP madrileño.
