El expresidente madrileño testifica en el juicio Lezo y asegura que los informes fueron ‘favorables’ y la operación, «usual en tráfico mercantil»
Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, ha declarado este martes como testigo en el juicio Lezo y ha defendido que la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 no causó «absolutamente ningún perjuicio» para el ente público ni para la región.
Ruiz-Gallardón, que presidía la Comunidad cuando se aprobó la operación, ha afirmado que los informes de legalidad fueron «favorables» y que la compra se realizó a través de Canal Extensia, una sociedad vehículo creada específicamente para la adquisición del 75% de Inassa. «En el tráfico mercantil, esto es algo absolutamente usual», aseguró, descartando cualquier irregularidad.
La Fiscalía calificó a Canal Extensia como una «sociedad vehículo de nueva creación» para justificar la operación, pero Ruiz-Gallardón insistió en que los informes de legalidad no encontraron «objeción alguna» y que la compra no alteró el servicio del Canal, descrito como «modélico» durante su gestión.
El expresidente reconoció que no conocía el plan de expansión concreto de la empresa pública, pero sí que existía un «propósito de expansión» desde cinco años antes, cuando aún gobernaba Joaquín Beguina (PSOE). La decisión se aprobó en el Consejo de Gobierno con tres puntos clave: la creación de Canal Extensia, la autorización para comprar el 75% de Inassa y el endeudamiento necesario para financiarla.
La defensa de uno de los acusados preguntó si la compra afectó al día a día del Canal o perjudicó a los ciudadanos. Ruiz-Gallardón respondió con rotundidad: «Absolutamente ninguno». El juicio, centrado en la compra de Inassa, es el primero del caso Lezo, que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.
