El Ejecutivo reconoce que el contencioso judicial en la Audiencia Nacional alertó a los inmigrantes, multiplicando su llegada a las playas y desbordando las nuevas instalaciones del puerto
El Gobierno ha perdido el control sobre la crisis migratoria en Ceuta tras un operativo de reubicación que se salió de madre este viernes. Más de 1.700 inmigrantes fueron trasladados desde las playas de Benítez y el Trampolín hasta carpas improvisadas en el puerto, pero la operación se convirtió en un caos: carreras masivas, cargas policiales y un número de personas superior al de plazas disponibles. Fuentes del Ejecutivo admitieron que el «efecto llamada» —provocado por un contencioso judicial en la Audiencia Nacional que autorizó la apertura de las instalaciones— alertó a miles de migrantes, que se agolparon en las zonas costeras antes incluso de que comenzara el traslado.
La tensión alcanzó su punto álgido al amanecer, cuando los inmigrantes, informados de que el realojo era inminente, se concentraron en mayor número del previsto. Los migrantes sabían que el operativo estaba por comenzar y se lanzaron a las playas, explicaron fuentes gubernamentales. Aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calificó el operativo de «éxito» y sin «incidencias relevantes», el Gobierno reconoció que había «muchos más inmigrantes de los que cabían» en las carpas del puerto, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir para evitar un colapso total. Según cálculos del Ejecutivo, aún quedan entre 3.000 y 4.000 personas en la calle, sin un plan claro para su reubicación.
El operativo, descrito como el «más complejo de la historia de España», involucró a la Guardia Civil, la Policía Nacional y al Gobierno autonómico de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas (PP). Sin embargo, la falta de discreción —culpada por el Ejecutivo de la judicialización del proceso— dejó al descubierto las grietas de una estrategia que, hasta ahora, había intentado evitar la exposición mediática. No hubo violencia, pero sí tensión, admitieron fuentes de Moncloa, aunque el ministro Óscar López acusó al PP de «alimentar el discurso xenófobo» con sus críticas, mientras Feijóo denunció que el Gobierno «no es capaz de mantener el orden público» en una ciudad española.
El contencioso judicial que desató la crisis comenzó el miércoles, cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ante la Audiencia Nacional la falta de medidas para controlar la avalancha migratoria. La sentencia del jueves, que autorizó la apertura de las carpas del puerto, filtrada a los medios, anticipó el operativo y multiplicó la llegada de migrantes. El Gobierno insiste en que el objetivo es «filtrar e identificar» a los recién llegados para agilizar sus devoluciones, pero la operación se ha convertido en un símbolo del descontrol: mientras las carpas del puerto están saturadas, las playas siguen siendo el principal foco de tensión.
La pugna política escaló este viernes. El PP, que gobierna en Ceuta, exigió al Ejecutivo «transparencia y acción», mientras el ministro López tachó de «irresponsables» las críticas de Feijóo. «El Gobierno está poniendo todo de su parte», aseguró López, aunque el operativo dejó al descubierto las limitaciones de un plan que, hasta ahora, había dependido de la opacidad para funcionar. Con más de 6.000 plazas habilitadas —según el Ejecutivo—, la crisis sigue lejos de resolverse: el desafío ahora es reubicar a los 3.000 migrantes que aún permanecen en la calle, sin que el Gobierno haya detallado dónde ni cómo.
