El Ejecutivo reconoce que el contencioso judicial en la Audiencia Nacional alertó a miles de inmigrantes, multiplicando las plazas disponibles y generando escenas de tensión con carreras y cargas policiales
El Gobierno ha perdido el control sobre la reubicación de migrantes en Ceuta tras un fallo en la estrategia de discreción: la Audiencia Nacional autorizó este jueves la apertura de las instalaciones del puerto para albergar a 1.700 personas, pero el contencioso judicial —resuelto en los últimos días— actuó como «efecto llamada». Miles de inmigrantes, muchos más de los que caben en las carpas habilitadas, se agolparon en las playas de Benítez y el Trampolín este viernes, anticipándose al operativo. Las fuerzas de seguridad tuvieron que cargar contra ellos para organizar el traslado, en un escenario de alta tensión que el Ejecutivo califica como «el operativo más complejo de la historia de España» pero reconoce que superó en 3.000 personas la capacidad inicial.
La operación, liderada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Migraciones, Elma Saiz, logró reubicar a 1.700 personas en el puerto antes del mediodía, pero fuentes gubernamentales admiten que aún quedan más de 3.000 migrantes en la calle en una ciudad donde el Gobierno calcula que había entre 9.000 y 10.000 personas en situación irregular antes del operativo. El Ejecutivo asegura que, con estas 1.700 reubicadas, se alcanzan ya 6.000 plazas temporales habilitadas, pero no detalla dónde alojará al resto ni cuándo se retomarán los retornos a sus países de origen, clave para recuperar la «normalidad» en Ceuta.
El fracaso en mantener la confidencialidad del operativo —el contencioso judicial en la Audiencia Nacional filtró la fecha exacta— contrasta con la gestión de crisis migratorias anteriores, donde el Gobierno logró mayor discreción. Ahora, la pugna política se recrudeció: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Ejecutivo de ser «incapaz de mantener el orden público en una ciudad española», mientras la Moncloa tachó sus críticas de «deleznables» y «irresponsables». El ministro Óscar López fue más allá: denunció que Feijóo «alimenta el discurso xenófobo y racista de Vox» y lo acusó de priorizar «la demolición» sobre el respaldo real a Ceuta, donde el PP gobierna en coalición con el Partido Popular de Ceuta (PPC).
El operativo, que el Gobierno dio por concluido sin incidentes «relevantes», deja al descubierto tres problemas estructurales: la dificultad para contener el «efecto llamada» cuando se conocen las fechas de reubicación, la capacidad limitada de las instalaciones temporales (solo 6.000 plazas para miles de personas), y la guerra de narrativas entre el Ejecutivo y la oposición, que explota la crisis para ganar apoyo electoral. Mientras, en Ceuta, la normalidad sigue lejana: con 3.000 migrantes aún sin alojar y sin un plan claro para los próximos días, la presión sobre el Gobierno aumenta.
La crisis, que comenzó con la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio, se enmarca en un contexto de tensión permanente en la ciudad autónoma, donde el Gobierno central y el autonómico (liderado por Juan Jesús Vivas, del PPC) han tenido que coordinarse bajo escrutinio público. La Audiencia Nacional, clave en este episodio, autorizó la apertura de las instalaciones del puerto tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que cuestionaba la legalidad del realejo. Este caso refleja cómo los recursos judiciales y la opacidad en la gestión pueden descontrolar situaciones de emergencia, incluso cuando el Ejecutivo actúa con rapidez.
