La Junta exige normas equilibradas para evitar perder proyectos en supercomputación y empleo rural
La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones al borrador del Real Decreto que regulará los centros de datos, alertando de que las exigencias actuales «frenan inversiones futuras» y ponen en riesgo proyectos ya en marcha, como los de inteligencia artificial y supercomputación.
El principal problema, según las consejerías de Medio Ambiente y Energía y de Movilidad, es la obligación de cubrir el 80% del consumo eléctrico con fuentes renovables, demostrando ese porcentaje «hora a hora». Para instalaciones que funcionan 24 horas, como los centros de datos, esto es inviable porque la producción solar y eólica no es constante. La Junta propone alternativas como el almacenamiento de energía o la gestión flexible del consumo.
Además, rechaza aplicar estas normas a proyectos ya en marcha, como el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), una infraestructura pública que sirve a universidades y administraciones. La Junta considera que no tiene sentido someter a centros científicos a las mismas reglas que a los grandes centros comerciales, ya que sus objetivos y funcionamiento son distintos.
Las penalizaciones previstas —hasta el 500%— y la posible pérdida de inversiones hacia países con condiciones más competitivas también preocupan. Castilla y León alerta de que una norma «excesivamente restrictiva» podría hacer desaparecer oportunidades en sectores clave como la IA, la innovación y el empleo cualificado, especialmente en zonas rurales.
El borrador, aún en tramitación, busca equilibrar sostenibilidad y viabilidad económica. La Junta insiste en que las reglas deben ser «coherentes» para no ahuyentar a empresas y administraciones que ya han invertido en la región.
