El Consejo de Estado tramita también el cese por motivos de salud de José Luis Manzanares tras meses de ausencia.
La presidencia del Consejo de Estado ha puesto en marcha los trámites reglamentarios para declarar la incapacidad de la consejera permanente María Teresa Fernández de la Vega. El órgano consultivo aplicará idéntica medida sobre el jurista José Luis Manzanares. Ambas decisiones responden a las prolongadas ausencias de los dos miembros por motivos de salud que resultan irreversibles.
Fernández de la Vega, de 77 años y exvicepresidenta del Gobierno, acumula más de un año sin acudir a la sede institucional. Manzanares, de 95 años y antiguo vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, permanece ausente desde hace más de seis meses. La falta continuada de ambos representantes deja a la comisión permanente operando con siete de sus nueve componentes. El consejero Enrique Alonso García ha asumido de forma provisional la dirección de las secciones sexta y séptima para evitar el colapso administrativo.
El acuerdo de apertura se adoptó por unanimidad en la comisión permanente el pasado día 17. Una ponencia especial formada por dos consejeros y un letrado analiza ya el expediente específico de la exvicepresidenta. El mismo cauce interno servirá para evaluar la situación de Manzanares. Carmen Calvo sostiene que el interés institucional debe primar sobre cualquier situación personal de los integrantes de la institución.
Los puestos de los nueve consejeros permanentes tienen asignado un carácter vitalicio dentro del organigrama estatal. Sin embargo, el reglamento del Consejo prevé ceses formales mediante renuncia voluntaria o por declaración expresa de incapacidad física sobrevenida. Los informes técnicos requerirán el respaldo de la mayoría absoluta del plenario, compuesto por 31 vocales. Tras esa votación, el Consejo de Ministros formalizará los ceses y nombrará a los sustitutos.
En una entrevista concedida a EL PAÍS, la presidenta del Consejo reiteró que la decisión se tomó tras varias reuniones de la comisión permanente y el plenario, subrayando que “los intereses de este órgano constitucional, al que se le debe exigir la máxima excelencia y rigor, están por encima de todos y cada uno de nosotros, los consejeros”.
