La mayoría progresista del tribunal ampara al ex conseller para que el Supremo le aplique el perdón total, una doctrina que alcanza al líder de Junts
El Tribunal Constitucional dio ayer su respaldo a amnistiar al ex conseller Jordi Turull. Su mayoría progresista, presidida por Cándido Conde-Pumpido, se mostró a favor de amparar al dirigente de Junts para que el Tribunal Supremo le aplique la medida de gracia de forma total. La decisión sienta doctrina para el resto de recursos pendientes. Entre ellos está el del expresident Carles Puigdemont, que agota sus últimas vías para regresar a España sin ser detenido.
El fallo llega en un momento delicado para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno afronta los próximos comicios generales sin Presupuestos y sin apoyos suficientes para sacarlos adelante. La legislatura, según el relato que acompaña al proceso, encara sus últimos estertores. La amnistía fue la gran estrategia con la que Sánchez afianzó su sillón en La Moncloa a cambio de los siete votos de Junts.
Del «no» en campaña al giro del Comité Federal
El recorrido de la norma arranca con un cambio de posición del propio Sánchez. Durante la campaña del 23-J defendió que la amnistía «no entra en la legislación ni en la Constitución española». Después sostuvo que «hay que hacer de la necesidad virtud». Esa afirmación, pronunciada en el Comité Federal del PSOE el 28 de octubre de 2023, reconfiguró la postura socialista.
La dirección del partido buscó un aval en sus bases. Preguntó si estaban a favor de «lograr el apoyo de otras formaciones», pero no a qué precio. Con ese refrendo en mano, concedió a Junts la imagen que condensa el perdón. El entonces secretario de Organización del PSOE, hoy imputado, Santos Cerdán, se reunió en Waterloo (Bélgica) con Puigdemont el 30 de octubre de 2023.
El Grupo Parlamentario Socialista registró el 13 de noviembre de 2023 la «Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña». Tres días después, Sánchez fue investido presidente con el sí de Junts. El descontento social ya era visible desde el 3 de noviembre, cuando miles de personas se manifestaron de forma sucesiva contra la medida a las puertas de Ferraz y por toda España.
Siete meses de bloqueo y luz verde en vísperas del 9-J
La norma estuvo atascada siete meses en las Cortes Generales. El PSOE tuvo que sentarse con Junts para perfilar la amnistía de tal forma que ninguno de los encausados quedara fuera del perdón. La Cámara Baja dio luz verde el 14 de marzo de 2024 con el apoyo de los neoconvergentes. El sí definitivo no llegó hasta el 30 de mayo de 2024, en vísperas de las elecciones europeas.
Frente al PP, que buscó rentabilizar en esos comicios su oposición a la medida de gracia, Sánchez presumió de encabezar la maniobra. Lo hizo a días vista de que su esposa, Begoña Gómez, fuera llamada a declarar como imputada. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 11 de junio de 2024.
Los líderes del procés se apresuraron a solicitar que se les aplicara. Miquel Buch (Junts) fue el primero en beneficiarse del perdón. Le siguieron Oriol Junqueras (ERC) y la entonces secretaria general de su partido, Marta Rovira, entre otros ex consellers del Gobierno catalán.
El 1 de julio de 2024, el Tribunal Supremo puso un nuevo freno. Declaró no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos que se atribuye a Puigdemont y mantuvo la orden de detención contra él. El expresident agotó todas las vías judiciales antes de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
El Supremo mantiene la orden de detención contra Puigdemont
El Constitucional es también la instancia a la que se dirigieron quienes se oponen a la medida. El Tribunal Supremo, Castilla-La Mancha y las comunidades presididas por el PP, además del propio Partido Popular como formación, presentaron recursos contra la norma. El TC dio su aval general el 26 de junio de 2025, sin entrar a valorar la malversación, y la consideró compatible con la Carta Magna.
En paralelo, la ley tuvo que enfrentar dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El 16 de julio de este año, el TJUE concluyó que la norma no era contraria a la normativa comunitaria. Tras ese pronunciamiento, Puigdemont y Toni Comín volvieron a pedir al juez instructor del procés, Pablo Llarena, que les aplicara la amnistía.
El magistrado del Tribunal Supremo desestimó el pasado 15 de septiembre la petición. Apuntó al «propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial» de Puigdemont y mantuvo la orden de detención dictada contra el prófugo. El líder de Junts depende ahora del Constitucional.
El aval del TC no desbloquea la relación con el PSOE
La corte de garantías es, además, la evidencia de que la amnistía se ha apuntalado gracias a la capilarización del Gobierno en las instituciones. La mayoría progresista del tribunal, liderada por Conde-Pumpido, cuyo nombramiento en enero de 2023 se asoció a la aplicación del rodillo, respaldó el amparo de Turull.
Al celebrar el apoyo del Constitucional, Turull descartó que este paso fuera a facilitar la reconciliación de Junts con el PSOE. El acuerdo de investidura se rompió porque Sánchez «ha incumplido muchas más cosas», según el dirigente. Entre ellas citó la oficialidad del catalán en Europa, que hoy ha recibido un nuevo revés, o la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que continúa bloqueada en el Congreso por la negativa de Podemos a respaldarla.
La norma más cuestionada del Gobierno de Pedro Sánchez está cada vez más cerca de cumplir su misión: salvar a Carles Puigdemont a cambio de apoyo al Ejecutivo. Las declaraciones del secretario general de Junts disipan toda posibilidad de que ese aval se traduzca en un acercamiento entre ambas formaciones.
