El diputado de Vox vincula la mayoría parlamentaria con cambios en el Estado autonómico, pero expertos alertan del riesgo de imponer reglas sin consenso
Jorge Buxadé, diputado de Vox, ha advertido que una alianza entre el Partido Popular y su formación —que sumaría 210 escaños en el Congreso— podría impulsar una reforma constitucional para eliminar el Estado autonómico y centralizar competencias como educación, sanidad, justicia y seguridad.
La propuesta, que requeriría tres quintos de la Cámara (210 diputados), choca con el modelo territorial actual y reviviría un debate que ya planteó Podemos con su idea de una «segunda transición» y un proceso constituyente. Sin embargo, mientras Vox apuesta por imponer su agenda desde la mayoría, expertos consultados por El Periódico advierten del peligro de convertir las reglas del sistema en el programa político de un gobierno, sin el respaldo necesario para evitar inestabilidad.
La Constitución de 1978, la más longeva de España, se construyó sobre consensos entre fuerzas políticas que renunciaron a imponer sus posiciones. Una reforma impulsada solo por PP y Vox —sin acuerdo con PSOE, Sumar o partidos nacionalistas— podría repetir los errores del pasado, cuando constituciones anteriores cayeron por la imposición de proyectos sin legitimidad amplia.
El debate sobre qué reformar —desde el Senado hasta la sucesión de la Corona— ya existe, pero el riesgo está en cómo hacerlo. La mayoría parlamentaria no garantiza estabilidad: las reglas fundamentales de un sistema político necesitan respaldo más allá de quienes gobiernan. El cincuentenario de la Constitución en 2028 podría ser una oportunidad para actualizar lo necesario, pero también para recordar que cambiar las normas exige algo más que una mayoría capaz de hacerlo.
En el contexto de la reforma, especialistas señalan que el Senado, como cámara de las comunidades autónomas, y el sistema electoral, que distribuye escaños entre las provincias, son dos pilares que podrían verse afectados. La modificación de la composición del Senado o la alteración de los criterios de asignación de escaños podrían debilitar la representación territorial y alterar el equilibrio entre el Estado y las regiones, lo que reforzaría la lógica de centralización que Vox propone.
