El ministro vincula el caso a la ‘función social de la propiedad’ y advierte de un ‘fondo buitre’ que desafía a la sociedad
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha justificado este martes la posible expropiación del piso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada en el barrio madrileño del Retiro, para evitar que el caso «sienta un precedente» contra desahucios similares. El Gobierno, según declaró en RNE, considera que la propiedad privada tiene límites y que el artículo 33 de la Constitución permite intervenir en casos de «gravísima injusticia».
El caso de Maricarmen, que se hizo viral tras su desahucio, ha servido al ministro para advertir de que existen «muchas realidades así» y que la expropiación podría usarse como herramienta para evitar futuros desalojios. Bustinduy criticó a lo que llamó un «fondo buitre» que, según su versión, se negó a negociar ni a aceptar donaciones para evitar el desalojo, desafiando así al Gobierno y a la sociedad. La empresa pública Casa 47 ya se ha ofrecido a proporcionar una vivienda alternativa a la anciana.
La medida se enmarca en el nuevo decreto de vivienda que negocia el Ejecutivo, donde se prevé reforzar la protección contra desahucios. Bustinduy insistió en que la expropiación no solo serviría para resolver el caso concreto, sino para evitar que se repitan situaciones similares. El ministro reconoció que el proceso generará debates jurídicos, pero defendió que «no nos podemos quedar de brazos cruzados» ante lo que calificó como un desafío a la «moralidad de nuestra sociedad».
El caso de Maricarmen ha reavivado el debate sobre la función social de la propiedad, un concepto constitucional que permite intervenciones estatales en casos extremos. Bustinduy citó explícitamente el artículo 33 de la Constitución, que establece que la propiedad debe cumplir una función social. La expropiación, según su argumentación, sería una herramienta legítima para corregir injusticias cuando el mercado falla, especialmente en casos de vulnerabilidad como el de una mujer de 87 años.
El Gobierno ya ha activado varias alternativas para evitar el desahucio, entre ellas la expropiación, que Bustinduy describió como «perfectamente razonable». Sin embargo, advirtió que la medida podría generar resistencia legal, ya que el propietario afectado impugnará la decisión. A pesar de ello, el ministro dejó claro que el Ejecutivo no retrocederá en su intención de proteger a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
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