El presidente de Castilla-La Mancha reclama un pacto de Estado en seguridad nacional y critica la «insuficiente» actuación del Gobierno tras la llegada masiva de inmigrantes
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como «una invasión» y «una violación de la integridad territorial», exigiendo una respuesta con «toda la fuerza del Estado» al considerar el suceso un problema de seguridad nacional, no de inmigración. En declaraciones a los medios en Navalcán (Toledo), García-Page coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la gravedad del incidente, pero criticó que ocurriera «al comienzo de las vacaciones», sugiriendo que un mando único habría actuado antes de haberse producido en otra fecha.
García-Page rechazó que las competencias en fronteras puedan quedar en manos de gobiernos autonómicos y tachó de «insuficiente» la respuesta del Ejecutivo. «No creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó», afirmó, aunque ofreció colaboración al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y confió en que el Consejo de Seguridad Nacional adopte medidas. Sobre las discrepancias entre los ministros de Defensa e Interior acerca del papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el presidente autonómico admitió desconocer los detalles, pero advirtió que las contradicciones generan «zozobra e incertidumbre».
El líder socialista también instó a dejar de «enredar con la figura del rey» y rechazó vincular el conflicto con «odio» hacia Marruecos, país al que calificó de «pueblo hermano». Sin embargo, exigió al Gobierno que cumpla su promesa de «devolver a todos los que han entrado ilegalmente», alertando de que lo contrario podría alentar nuevas llegadas. García-Page subrayó que Castilla-La Mancha prestará los servicios que le soliciten dentro del marco legal, pero recordó que la gestión de las fronteras es una competencia exclusiva del Estado.
La crisis de Ceuta, que ha reabierto el debate sobre la gestión migratoria, pone de manifiesto la tensión entre autonomías y Gobierno central en un área sensible. Mientras el Ejecutivo de Sánchez defiende su actuación, líderes como García-Page exigen un pacto de Estado que evite la politización del problema. La falta de coordinación entre ministerios y la ausencia de un protocolo claro para emergencias fronterizas han sido señaladas como fallos clave en la respuesta inicial.
El Consejo de Seguridad Nacional, órgano presidido por el jefe del Ejecutivo y encargado de coordinar políticas de defensa y seguridad, se perfila como el foro donde se decidirán las medidas a adoptar. La presión de las comunidades autónomas, especialmente aquellas con gobiernos críticos como el de Castilla-La Mancha, añade urgencia a la búsqueda de soluciones. Mientras, la oposición, liderada por el PP, ha acusado al Gobierno de «debilidad» y de no anticipar una crisis que, según fuentes policiales, podría repetirse si no se refuerzan los controles.
Fuente: El Confidencial
