La patronal catalana vincula la decisión del Gobierno a «criterios técnicos» y rechaza «planteamientos ideológicos» en la política energética
La patronal catalana Foment del Treballaaa ha celebrado este jueves la decisión del Gobierno de prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 y ha reclamado que se garantice también la continuidad de las centrales nucleares en Cataluña.
En un mensaje publicado en la red social X, la organización empresarial ha defendido que la política energética «se ha de basar en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, no en planteamientos ideológicos». La prórroga de Almaraz, acordada por el Consejo de Ministros el pasado martes, evita el cierre previsto inicialmente para 2027 y 2028 de sus dos reactores, que generan alrededor del 6% de la electricidad consumida en España.
Foment del Treball, que agrupa a más de 4.000 empresas catalanas, ha recordado que Cataluña alberga las centrales de Ascó y Vandellòs, cuya continuidad también depende de decisiones políticas. Ascó, con dos reactores, es la mayor central nuclear del país en términos de producción, mientras que Vandellòs II tiene previsto agotar su vida útil en 2030, coincidiendo con el nuevo plazo de Almaraz. La patronal no ha especificado qué plazos concretos solicita para estas instalaciones.
La decisión del Gobierno llega en un contexto de debate sobre la transición energética, donde el Ejecutivo ha apostado por renovables, pero mantiene abiertas las nucleares como respaldo. El Ministerio para la Transición Ecológica justificó la prórroga de Almaraz por la necesidad de «garantizar la estabilidad del sistema eléctrico» durante la transición, aunque organizaciones ecologistas como Greenpeace han criticado la medida por considerar que retrasa el cierre de una tecnología «obsoleta y peligrosa».
El apoyo de Foment del Treball a la energía nuclear contrasta con la postura del Govern de la Generalitat, liderado por ERC y Junts, que ha mostrado reticencias históricas a esta fuente energética. En 2021, el entonces presidente Quim Torra pidió el cierre «ordenado» de las centrales catalanas, aunque sin fijar fechas concretas. La patronal, sin embargo, insiste en que la seguridad energética debe primar sobre «prejuicios políticos», especialmente en un territorio con alta dependencia industrial.
