La prórroga de la central nuclear extremeña, publicada en el BOE un 14 de agosto, evita el cierre de 4.000 empleos y divide al Gobierno con la ministra Aagesen, histórica opositora a la medida
El Partido Popular ha tachado la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 de «parche a la gestión ideologizada» del Gobierno de Pedro Sánchez, una decisión que, según fuentes del partido, supone el «reconocimiento del fracaso» de su política energética y cuyas consecuencias —como el «apagón total» sufrido en España— «las pagamos todos los españoles». La medida, publicada este 14 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin anuncio previo de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha sido criticada por el PP por su «carácter de tapadillo», especialmente al tratarse de una ministra que «se ha opuesto de manera constante y reiterada» a la prórroga.
La central nuclear de Almaraz, en funcionamiento desde 1981, es una de las siete plantas nucleares activas en España y genera alrededor del 8% de la electricidad del país. Su cierre estaba previsto inicialmente para 2027,, pero el Gobierno ha optado por alargar su vida útil tres años más, una decisión que el PP exige extender al resto de centrales nucleares. «La energía nuclear es clave para garantizar nuestra autonomía estratégica y no depender de terceros países en la garantía del suministro», han señalado fuentes populares, que recuerdan sus iniciativas en el Congreso y el Senado para defender su convivencia con las energías renovables.
La prórroga ha sido celebrada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), quien ha destacado en redes sociales que la medida «da certidumbre a una comarca» y «protege miles de empleos». Guardiola ha subrayado que la central es «parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura» y ha agradecido la movilización social en su defensa. Según datos del sector, la planta emplea directamente a 1.200 trabajadores y sostiene otros 3.000 puestos indirectos en la comarca, una cifra que el PP ha utilizado para subrayar el impacto socioeconómico de la decisión.
El conflicto refleja la división interna en el Gobierno sobre la energía nuclear. Mientras Aagesen ha mantenido una postura contraria a la prórroga, el Ministerio para la Transición Ecológica —del que depende— ha avalado finalmente la medida, alineándose con las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que en 2023 emitió un informe favorable a la extensión. Este organismo, independiente pero adscrito al ministerio, evalúa la seguridad de las instalaciones nucleares y sus dictámenes son vinculantes para las decisiones gubernamentales.
La prórroga de Almaraz se enmarca en un debate más amplio sobre el futuro energético de España. El Gobierno aprobó en 2021 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé el cierre escalonado de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, coincidiendo con el fin de sus licencias de explotación. Sin embargo, la guerra en Ucrania y la crisis energética de 2022 aceleraron los llamamientos del PP y sectores industriales para revisar este calendario, argumentando que la nuclear es una fuente estable y libre de emisiones de CO₂, esencial para la transición ecológica.
