PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria tumban la prórroga de alquileres; Sumar aplaude a los activistas y los sindicatos apuestan por la huelga general
Activistas han lanzado octavillas desde la tribuna del Congreso de los Diputados durante la votación del decreto ley de vivienda, gritando «los fondos buitre gobiernan el Congreso». La medida, que incluía la prórroga automática de los alquileres, ha sido derogada con 184 votos en contra —PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria— frente a 166 a favor, tras 16 horas en vigor.
La votación deja al Gobierno de Pedro Sánchez sin esa medida para la crisis de vivienda y la fuente sitúa un posible adelanto electoral en el borde. Mientras, los diputados de Sumar aplaudieron la acción de los activistas, y cientos de octavillas cayeron sobre la bancada socialista, donde minutos antes Sánchez había instado a votar «pensando en la gente» y no en «el argumentario de partido».
El decreto, que prorrogaba automáticamente los alquileres, fue rechazado por partidos que lo consideraron una intromisión en la libertad contractual. Su derogación deja al Gobierno sin esa herramienta legal en materia de alquileres, en un contexto de subida de precios de la vivienda.
El sindicato de inquilinos mantiene la acampada en Sol
El sindicato de inquilinos ha anunciado que mantendrá su acampada en Sol. «Si ahí dentro no hay políticos valientes, se acabó el tiempo de los políticos, pero no el tiempo de la política, que está en la calle», declaró una portavoz del sindicato, que ahora apuesta por una «huelga general» como siguiente paso. La movilización social se suma a la presión sobre Sánchez, cuyo primer decreto de vivienda fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2023 por vulnerar competencias autonómicas.
La prórroga automática, defendida por el Gobierno como medida urgente, fue rechazada por partidos que la tacharon de intervencionista. Junts argumentó que la medida atenta contra la autonomía de las comunidades. Vox exigió la retirada inmediata y acusó al Ejecutivo de castigar a los propietarios. El PNV, aunque votó en contra, matizó que su postura respondía a cuestiones técnicas y no a un rechazo de principio.
El Gobierno busca nuevas medidas en los presupuestos del 15 de octubre
La próxima cita clave será el 15 de octubre, cuando el Consejo de Ministros debe aprobar los presupuestos generales del Estado, donde el Ejecutivo podría incluir nuevas medidas de vivienda. Hasta entonces, la presión social y política se mantiene, con la vivienda como posible tema clave en las próximas elecciones.
Actualización (02 de octubre a las 14:05):
Juan Bravo y Carlos Hernández Quero coinciden en que las medidas del Gobierno expulsan a inquilinos vulnerables del mercado
El Partido Popular (PP) y Vox rechazaron en el Congreso los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de Isabel Rodríguez, con argumentos similares: las medidas «desprotegen» a los inquilinos y ahuyentan a los propietarios del mercado. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, sentenció que los decretos «han convertido al inquilino vulnerable en el que nadie quiere alquilar», mientras que el portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, advirtió que, de aprobarse, «nadie alquilará» por los límites de precios.
Ambos coincidieron en que los decretos, que buscan regular precios y contratos, perjudican a los arrendadores más pequeños. Quero argumentó que «si limitas los precios, las unidades más modernas y eficientes salen del mercado, dejando solo las más antiguas y pequeñas». El PP y Vox votaron en contra de los decretos en el Consejo de Ministros, con el apoyo de Junts y ERC, lo que deja en riesgo su aprobación.
Los decretos, impulsados por el Gobierno de coalición PSOE-Sumar, buscan proteger a inquilinos vulnerables con medidas como la limitación de precios y la renovación automática de contratos. Sin embargo, la oposición argumenta que estas medidas desincentivan la oferta de alquiler, agravando la escasez de viviendas asequibles. El debate en el Congreso refleja la división política sobre cómo abordar la crisis de vivienda, con el Gobierno defendiendo su enfoque y la oposición acusándolo de «desincentivar la inversión».
El rechazo de PP y Vox, sumado al de Junts, podría forzar al Gobierno a replantear las medidas o buscar alternativas para garantizar su aprobación. La votación en el Congreso será clave para determinar el futuro de los decretos, que ya enfrentan críticas desde el sector inmobiliario y asociaciones de propietarios.
Derechos Sociales cifra en 8,4 millones los inquilinos afectados si decaen los topes al alquiler, que el Gobierno somete a convalidación este viernes
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que los hogares españoles afrontarían un sobrecoste de 626 millones de euros si el Congreso tumba este viernes los dos reales decretos de vivienda pactados por el Gobierno. El departamento que dirige Pablo Bustinduy sitúa el impacto directo sobre 8,4 millones de inquilinos.
El primer texto regulaba la congelación al 0 % en las renovaciones de contratos de pisos cuyos precios superaran el índice del Ministerio de Vivienda (INAV). Para los inmuebles situados por debajo de ese índice, el incremento quedaba limitado al 2 %. Según las estimaciones ministeriales, decaer ambas limitaciones derivará en una subida inmediata de las rentas.
Los decretos se aprobaron el pasado martes en el Consejo de Ministros tras el acuerdo de última hora entre el PSOE y Sumar. La tramitación de urgencia mediante real decreto ley obliga al Ejecutivo a someter las normas a convalidación en la Cámara Baja en un plazo de treinta días desde su promulgación.
El primer decreto contiene medidas orientadas a suspender los desahucios y a prolongar los alquileres. La norma impide a los fondos buitre comprar vivienda con un 70 % de descuento y sube los impuestos a las socimis. Incluye medidas fiscales para propietarios y ayudas a la primera compra, y su defensa corresponde a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
La segunda iniciativa legislativa procede de una propuesta conjunta de Sumar con el Sindicato de Inquilinas para aplicar la renovación automática de los arrendamientos vigentes. Dicha regulación se publicó el jueves en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor este viernes, el mismo día en el que previsiblemente va a decaer. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, asume la defensa parlamentaria de este bloque.
