Los nacionalistas vascos despejan su voto y dejan a Junts como única formación sin posición antes del Pleno del viernes
Aitor Esteban, presidente del PNV, ha confirmado que su partido votará a favor del primer decreto de vivienda del Gobierno el viernes en el Congreso, pero rechazará el segundo. Con esta decisión, los nacionalistas vascos dejan a Junts como la única formación pendiente para desbloquear las dos medidas, que se votarán por separado en una sesión extraordinaria.
El primer decreto, impulsado por el Ministerio de Vivienda, incluye medidas contra los desahucios y ayudas a la compra de vivienda, mientras que el segundo —promovido por el Ministerio de Derechos Sociales— contempla la prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El Gobierno de Pedro Sánchez necesita al menos 176 votos para aprobar cada decreto. Actualmente, cuenta con el apoyo asegurado de PSOE (121), Sumar (32), ERC (7), Bildu (6), Podemos (4), BNG (1) y la diputada de Coalición Canaria (Àgueda Micó, 1). Sin embargo, el PP (88), Vox (33) y UPN (1) suman 122 votos en contra, lo que deja el resultado en un empate técnico. Los 7 diputados de Junts se convierten así en el factor decisivo.
La formación independentista, liderada por Carles Puigdemont, aún no ha anunciado su postura. Según fuentes internas, su secretario general, Jordi Turull, convocó este jueves a las 21:00 horas una reunión telemática de la Ejecutiva para decidir el voto. Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria de Junts, advirtió en X que darán un «apoyo crítico» al primer decreto —el de medidas contra desahucios—, pero rechazarán el segundo por considerar que «penaliza al pequeño propietario».
Dos decretos, dos estrategias para maximizar apoyos
La división de las medidas en dos textos responde a una estrategia del Gobierno para maximizar apoyos. El primer decreto, conocido como «decreto Maricarmen» (por la diputada de Sumar que lo impulsó), incluye la prohibición de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 y la prórroga de contratos de alquiler vigentes hasta esa misma fecha. Este texto cuenta con mayor consenso entre los socios de Gobierno, aunque el PNV y Junts han mostrado reservas sobre su redacción.
El segundo decreto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, introduce la prórroga automática de dos años para contratos que finalicen antes de 2028. Esta medida ha generado rechazo en partidos como el PNV y Junts, que argumentan que perjudica a los propietarios de viviendas en alquiler. La división entre socios —Sumar a favor de ambas medidas y el PNV en contra de la segunda— obligó al Gobierno a separar los textos para intentar aprobarlos por separado.
Las implicaciones: ¿qué pasa si Junts se abstiene?
Sin embargo, una abstención no garantizaría el éxito: el reglamento del Congreso exige mayoría absoluta (176 votos) para decretos leyes, no simple mayoría. Por ello, el Ejecutivo depende de que Junts vote a favor o, al menos, no se oponga activamente.
Si Junts rechaza alguno de los decretos, el Gobierno debería recurrir a negociaciones urgentes con otras formaciones o buscar fórmulas alternativas, como modificar los textos en el último momento. La presión sobre la formación independentista es máxima: su decisión no solo afectará a la política de vivienda, sino también a la estabilidad parlamentaria del Gobierno.
El plazo es ajustado. La votación se celebrará el viernes, y la Ejecutiva de Junts ya ha anunciado su decisión para esta misma noche. Si no hay acuerdo, el Gobierno podría enfrentarse a un rechazo en el Congreso, retrasando —o incluso bloqueando— sus medidas estrella en materia de vivienda.
Mientras, el PP y Vox han anunciado su voto en contra de ambos decretos, acusando al Gobierno de «intervencionismo» y «desprotección a los propietarios». Feijóo, presidente del PP, criticó que las medidas «ahogan» al sector inmobiliario, mientras que Abascal tachó los decretos de «ataque a la propiedad privada».
La sesión extraordinaria del Congreso se celebrará en un contexto de alta tensión política, con protestas en las calles y una oposición que no pierde ocasión para cuestionar la gestión del Gobierno.
La convalidación de decretos leyes exige mayoría absoluta del Congreso, un umbral que obliga al Ejecutivo a sumar apoyos más allá de la mayoría simple. En este caso, la aritmética parlamentaria deja a Junts como árbitro: sus siete escaños pueden inclinar la balanza en una u otra dirección. La reunión telemática de la Ejecutiva de Junts, convocada para las 21:00 horas de este jueves, será determinante para despejar la incógnita antes de la votación del viernes.
