El real decreto-ley invoca el artículo 47 de la Constitución y omite los artículos 33 y 38, que protegen la propiedad y la libertad de empresa, según el análisis del texto normativo.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado por vía de urgencia un real decreto-ley de renovación automática de los alquileres. La norma responde al movimiento táctico de Sumar y Podemos, que intentan recuperar parte del votante que Sánchez captó haciendo del PSOE la casa común progresista. Ada Colau ha regresado a escena en ese movimiento. El decreto busca dejar a Sumar y Podemos sin argumentos.
El texto se apoya en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda la ciudadanía al acceso, disfrute y permanencia en una vivienda digna y adecuada. El decreto cita ese artículo para justificar la intervención en el mercado. Sin embargo, omite el artículo 33 de la Carta Magna, que eleva a derecho la propiedad y la herencia. También omite el artículo 38, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
La norma plantea una dicotomía entre mercado y regulación. El texto afirma que «La vivienda se ve afectada por unas condiciones de mercado imperfectas» y que «La ley de la oferta y la demanda no garantiza por sí misma las condiciones mínimas y necesarias de un derecho efectivo de acceso a la vivienda». Con ese punto de partida, el decreto convierte un principio constitucional en un mandato político concreto sobre la intervención en el libre mercado y en las relaciones privadas entre arrendador y arrendatario.
El decreto sitúa el origen de la crisis actual en la anterior crisis inmobiliaria, la de 2011. El texto sostiene que «La crisis actual es poliédrica y multicausal, pero no se entiende sin retrotraerse a la anterior crisis inmobiliaria, la del año 2011». Añade que la situación «cumple con todas las características para ser catalogada como una emergencia habitacional» y que implica «una clara demanda social a favor de la regulación».
El texto también menciona una supuesta mayoría social a favor de la regulación. Frente a ese argumento, el decreto constata que el 73,3% de la población vive en una vivienda en propiedad. El Ejecutivo convierte esa voluntad popular en una fuente de legitimidad política situada por encima de las mayorías parlamentarias.
El caso de Mari Carmen Abascal y el reparto de culpas
La desventura de la anciana Mari Carmen Abascal ha precipitado la batalla en el seno de la izquierda. El decreto la cita expresamente: «Mari Carmen no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz». El texto añade que esa legislación le ha impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna.
El decreto reparte culpas ajenas al Gobierno. Señala a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento como responsables del desahucio de Mari Carmen por no aplicar la ley vigente. Con ese señalamiento, el Ejecutivo socialista admite que ya existe una normativa vigente que garantiza el derecho a la vivienda. El ataque velado a la derecha política se extiende a la derecha judicial. El texto menciona la desatención a la solicitud de la ONU para paralizar el desahucio. El decreto recuerda que «Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización».
La batalla cultural en el texto del decreto
El decreto agita la guerra de clases entre propietarios e inquilinos. El texto emplea términos como «dictadura» y «retrógrada» para describir la legislación que afectó a Mari Carmen. Esa referencia al franquismo resulta contradictoria, según el análisis del texto. La intervención del Estado en el mercado del alquiler que reclama la izquierda es un regreso al alquiler protegido, a los contratos indefinidos y a las subrogaciones. Ese sistema se conoce popularmente como alquiler de renta antigua y lo instauró Franco en 1946.
La presentación de Mari Carmen como víctima del machismo vincula el mercado a la estructura patriarcal. El capitalismo aparece así como otra estructura de opresión machista. El decreto también define la vivienda como «el quinto pilar del Estado del bienestar». Esa consideración tiene un fuerte contenido político porque sitúa la vivienda en el mismo nivel que las prestaciones clásicas del Estado del bienestar.
El texto concluye que el decreto intenta quitarse el peso de la culpa ante la actual crisis del mercado. La sitúa en 2011, con la explosión de la burbuja inmobiliaria provocada por la crisis de las hipotecas subprime. El decreto omite los ocho años de gobiernos del PSOE, Sumar y Podemos. También omite que en Barcelona gobernara durante ocho años Ada Colau o que en Madrid fuera alcaldesa Manuela Carmena entre 2015 y 2019.
