El partido independentista exige el cumplimiento de la Ley de Amnistía y vincula la independencia con el fin de la represión y la cohesión social
Junts ha reivindicado este miércoles el resultado del referéndum del 1-O de 2017 como un mandato «democrático, legítimo y vinculante» y ha exigido el cumplimiento íntegro de la Ley de Amnistía para Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, además de la normalización política de Cataluña. El partido, en un comunicado, ha afirmado que «ninguna represión puede borrar» el resultado de aquel proceso y que la independencia es la única vía para garantizar el futuro de la lengua catalana, el estado del bienestar y la cohesión social.
El comunicado, publicado para conmemorar el noveno aniversario del referéndum, subraya que la independencia es el único proyecto que, según Junts, «garantiza» estos tres pilares, actualmente en riesgo. La formación independentista vincula directamente la represión judicial y policial con la falta de autodeterminación, asegurando que solo la independencia pondrá fin a lo que califica como «expolio, represión y catalanofobia».
El marco legal en el que se enmarca esta reivindicación es la Ley de Amnistía aprobada en 2023, que busca eximir de responsabilidad penal a los implicados en el proceso independentista de 2017. Sin embargo, su aplicación ha sido bloqueada por el Tribunal Constitucional, que en 2024 declaró inconstitucional su tramitación parlamentaria. Este contexto judicial ha convertido la amnistía en un símbolo político central para Junts, que la presenta como condición para la «normalización» de Cataluña.
El referéndum del 1 de octubre de 2017, organizado unilateralmente por el Gobierno catalán de entonces, fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y la justicia española. Según datos oficiales, participaron 2,28 millones de personas (un 43% del censo), con un 90% de votos a favor de la independencia. La represión policial durante el proceso, especialmente en la jornada del 1-O, llevó a condenas para varios altos cargos catalanes, incluyendo a Puigdemont, quien reside en Bélgica desde 2017 para evitar su detención.
La exigencia de Junts llega en un momento de alta tensión política en Cataluña, donde el independentismo enfrenta desafíos tanto desde el Gobierno central como desde sectores sociales que rechazan la vía secesionista. La formación, liderada por Carles Puigdemont, mantiene una estrategia basada en la movilización social y la presión institucional para lograr su objetivo soberanista, aunque sin mayoría parlamentaria clara en el actual escenario político catalán.
