La juez Tardón investiga la entrada masiva de 70.000 personas como violación de la integridad territorial; dimiten el delegado del Gobierno y su jefe de gabinete
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, declaró ante la juez María Tardón que intentó contactar 10 veces con el Gobierno central antes de la invasión migratoria del 30 y 31 de julio, pero solo recibió respuesta en 3 ocasiones. El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, niega estas omisiones y asegura que hubo comunicación constante.
Vivas detalló que solicitó refuerzos policiales y el estado de alarma, pero el Gobierno le derivó a su delegado en Ceuta. Sánchez, en cambio, defendió que hubo varias reuniones previas con la ciudad autónoma y los departamentos competentes. La juez investiga si los hechos constituyen una violación de la integridad territorial de España, tras un informe policial que señala la participación de agentes marroquíes en la organización de la avalancha.
Las dimisiones del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, revelan tensiones internas. Sanz acusó a Pérez Triano de ignorar alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una posible invasión, mientras el delegado reconoció que pidió refuerzos una semana antes. La juez Tardón también examinará el papel de estos funcionarios en los fallos de coordinación.
La entrada de más de 70.000 personas en solo dos días —considerada la mayor crisis migratoria en la frontera sur de Europa— ha reabierto el debate sobre la gestión de fronteras. El Gobierno de Ceuta se ha personado como acusación particular en la causa, exigiendo responsabilidades. Mientras, la juez solicita listados de alertas previas y analiza el posible cerebro financiero detrás de la operación.
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión diplomática entre España y Marruecos, donde el Gobierno central ha evitado atribuir responsabilidades directas a Rabat. La oposición, sin embargo, exige explicaciones sobre los fallos de inteligencia y la falta de medidas preventivas.
Según declaraciones de Vivas, el 27 de julio llamó a la Moncloa para solicitar la activación del estado de alarma y, al día siguiente, volvió a contactar al Gobierno para pedir refuerzos policiales. La respuesta fue una negativa, y el delegado del Gobierno en Ceuta fue informado de que la comunicación debía canalizarse a través de su oficina. Este intercambio, que ocurrió justo antes de la llegada masiva de inmigrantes, fue citado por la juez Tardón cuando citó a Vivas a comparecer como testigo el 16 de septiembre, marcando el inicio de la investigación judicial.
