La magistrada de la Audiencia Nacional amplía el requerimiento a 31 organismos de seguridad y exige informes sobre alertas previas y financiación de la crisis migratoria
María Tardón, instructora del caso 46/2026 en la Audiencia Nacional, ha citado para el próximo 30 de septiembre a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, y a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, como testigos clave en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad el pasado 24 de junio. La juez considera «prioritario» su interrogatorio, que podría revelar responsabilidades directas del Gobierno central en la gestión de la crisis.
El auto de Tardón, ratificado el 7 de septiembre, amplía el alcance de la investigación a 31 organismos de seguridad, incluyendo Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La magistrada exige informes detallados sobre alertas previas, financiación de la oleada y posibles estructuras criminales tras el colapso fronterizo que dejó 83 muertos en el lado español.
Vivas, quien ya ha relatado públicamente que intentó alertar al presidente Pedro Sánchez tres días antes del asalto, declaró que le aseguraron desde la Moncloa que «no pasaba nada» y que «Marruecos colaboraba». Sanz, por su parte, confirmará en sede judicial que transmitió al delegado del Gobierno información del CNI sobre la inminente crisis, lo que podría vincular directamente a las instituciones españolas con la falta de respuesta.
La juez también ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe financiero sobre la logística de la movilización, incluyendo transferencias informales y contratación de transporte. Además, ha requerido imágenes satelitales al Estado Mayor de la Defensa y datos de redes sociales a plataformas como Meta, Telegram y TikTok.
El auto incluye una pieza secreta para diligencias sensibles, donde el CNI también podría estar involucrado. La investigación explora cuatro categorías de delitos: contra la paz del Estado, derechos de extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal.
El contexto: cómo el Gobierno cuestionó el informe clave del CNI
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), dependiente de la Policía Nacional, fue el primer organismo en alertar sobre la responsabilidad de Marruecos en la crisis. Sin embargo, el Gobierno español cuestionó sus conclusiones, lo que llevó a la juez Tardón a respaldar públicamente el trabajo policial en su auto del 7 de septiembre. Este contraste refleja una tensión institucional entre las fuerzas de seguridad y la línea política del Ejecutivo.
La investigación también analiza la inacción ante las alertas previas. Según el auto, «habrá de investigarse la respuesta de las autoridades españolas ante la información disponible antes del asalto», incluyendo la posible responsabilidad en los 83 fallecidos durante los hechos. La juez advierte que la falta de medidas preventivas podría constituir delito.
Las implicaciones: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Ejecutivo?
El interrogatorio a Vivas y Sanz podría desvelar si el Gobierno ocultó información o subestimó los riesgos. Mientras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que declaren los responsables de los informes policiales, aunque la juez ha pospuesto este paso hasta recibir los datos que ya ha requerido a los organismos.
La ampliación a 31 cuerpos de seguridad y la inclusión de empresas privadas como HI Iberia (proveedora de imágenes satelitales) subraya la complejidad del caso. La investigación no solo busca responsables individuales, sino también redes criminales y financiación externa, lo que podría redefinir el marco legal sobre migración irregular en España.
Para los partidos políticos, el caso es una bomba de relojería. El PP ya ha acusado al Gobierno de «negligencia», mientras Vox exige la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. El PSOE, en cambio, mantiene una postura defensiva, aunque fuentes internas reconocen que el caso «puede afectar a la imagen de gestión del Gobierno».
La presión también llega desde Bruselas, donde la Comisión Europea sigue de cerca el desarrollo judicial. Una sentencia que atribuya responsabilidades al Ejecutivo español podría tener repercusiones en las negociaciones sobre fondos europeos y políticas migratorias.
El plazo para las declaraciones de Vivas y Sanz es ajustado: la juez ha marcado el 30 de septiembre como fecha límite, lo que acelera el ritmo de la investigación. Si los testigos confirman lo que ya han adelantado en público —que el Gobierno conocía los riesgos—, el caso podría escalar a niveles nunca vistos en la justicia española.
La declaración de Sanz como testigo obliga a contestar con la verdad a todas las preguntas y antecede a una previsible declaración del propio delegado del Gobierno, en su caso como investigado. La juez ha respondido a la Fiscalía que la comparecencia de los responsables de los organismos policiales que elaboraron informes llegará más adelante, cuando reciba la información que ha reclamado. Esta incluye todo tipo de alertas emitidas en los días previos sobre una posible oleada, y vuelve a pedir la información de forma directa a todos los organismos que pudieron darla, después de que ya pidiera copia de todo lo que el Gobierno desclasificó.
