Junts y la Comunidad de Madrid presionan para frenar la acampada en Sol mientras el Ejecutivo busca apoyo parlamentario
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el martes dos decretos de vivienda —uno para regular alquileres y otro para alquileres indefinidos— y confía en la movilización social para evitar su rechazo en el Congreso. La medida de alquileres indefinidos, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y exigida por Sumar, no estaba en las negociaciones iniciales con los grupos parlamentarios, pero ahora el Ejecutivo la presenta como una línea roja para evitar impugnaciones.
La estrategia del Gobierno incluye una petición de pleno extraordinario para el viernes, antes de que se cierre lo que consideran una «ventana de oportunidad». Junts, que en dos ocasiones anteriores votó con PP y Vox para bloquear medidas similares, podría ser clave. El Ejecutivo también descarta un desalojo policial de la acampada en Sol, aunque la Comunidad de Madrid ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para exigirlo en 48 horas, coincidiendo con la votación parlamentaria.
El decreto de alquileres indefinidos, inspirado en modelos europeos, busca capitalizar el apoyo social. Sin embargo, el PSOE y Sumar compiten por liderar la respuesta a la crisis de vivienda, con negociaciones condicionadas por el año electoral que comienza en mayo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el Sindicato de Inquilinas han sido clave en este giro, aunque el Ejecutivo evita confrontaciones directas con la oposición.
La delegación del Gobierno, dirigida por Francisco Martín, ha respondido al requerimiento de Madrid defendiendo el derecho a la protesta y la seguridad ciudadana. La acampada en Sol, comparada con la del 15M hace 15 años, podría intensificarse si se produce un desalojo. Mientras, el Gobierno apela a la presión social para evitar que los decretos sean bloqueados, aunque el riesgo de impugnación sigue latente.
El texto de los decretos también incorpora medidas antidesahucios, regulación del alquiler por habitaciones, prórroga de los contratos de alquileres, congelación de precios y prohibición a los llamados «fondos buitre» de compra de viviendas para especular. Estas disposiciones, que no habían sido parte de las negociaciones iniciales, se presentan como un complemento esencial para reforzar la protección de los inquilinos y asegurar la estabilidad del mercado inmobiliario.
