El municipio madrileño exige auditorías urgentes tras detectar 227 empadronamientos sospechosos en el CERA, mientras el Tribunal Supremo paraliza la norma
Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba, ha solicitado el jueves al Gobierno y a la Junta Electoral Central (JEC) que auditen de urgencia los 227 nuevos empadronamientos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras un incremento del 19% desde 2019. El municipio, con 67.000 habitantes, registra ahora 1.439 personas inscritas en el CERA, casi el 3% de su censo total.
Vargas ha calificado la situación de «anomalía democrática» y ha advertido de que estos empadronamientos podrían alterar las elecciones municipales. «No sabemos quiénes son ni qué vínculo tienen con nuestro municipio, pero tienen la potestad de elegir el futuro de nuestra ciudad», declaró. El Consistorio exige garantías técnicas y jurídicas para evitar «la manipulación del censo electoral».
Collado Villalba no es el único municipio afectado. Tres Cantos registró un aumento de 215 personas en el CERA desde 2022, algo imposible dado que su creación en 1991 descarta cualquier vínculo con la Guerra Civil. Su alcalde, Jesús Moreno (PP), ha pedido una revisión de oficio de todos los expedientes desde 2022. En Madarcos, el municipio más pequeño de Madrid (70 habitantes), ya hay más votantes inscritos en el CERA que residentes en el pueblo.
El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ya presentó alegaciones ante la JEC para evitar que el Gobierno central manipule los censos. Exige que solo puedan inscribirse en el CERA quienes acrediten documentalmente que su ascendiente tuvo su última residencia en un municipio madrileño, según el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía.
El Tribunal Supremo paralizó este mes la ley de nietos, pero los empadronamientos ya realizados siguen vigentes. La JEC y el Instituto Nacional de Estadística (INE) no han respondido aún a las peticiones de transparencia de los ayuntamientos.
