Maricarmen, una inquilina de 87 años desahuciada, y el Sindicato de Inquilinas logran lo que PP, Vox y Junts bloquearon en febrero: un paquete urgente con prohibición de desahucios y regulación de alquileres
El Consejo de Ministros ha aprobado este 29 de septiembre un decreto de vivienda que prohíbe los desahucios hasta 2030, regula los alquileres de temporada y habitaciones, y refuerza los contratos indefinidos. La medida, negociada en solo seis días tras el desahucio de Maricarmen, una inquilina de 87 años, responde a la presión social generada por el Sindicato de Inquilinas y la falta de cobertura legal desde que el PP, Vox y Junts derogaran el escudo social en febrero.
El paquete de medidas, aprobado con urgencia tras retrasar una hora la reunión del Gobierno, incluye tres textos separados: uno que prohíbe desahucios sin alternativa habitacional hasta finales de 2030, otro que regula los alquileres turísticos y de habitaciones, y un tercero centrado exclusivamente en los contratos indefinidos. Las negociaciones entre los socios de coalición se prolongaron hasta el último momento, lo que obligó a redactar el articulado sobre la marcha antes de la rueda de prensa en la Moncloa.
Este decreto llega cuando miles de inquilinos quedaban desprotegidos tras la caída del escudo social, una medida que el Gobierno ahora recupera en parte con un enfoque más amplio que incluye regulaciones específicas para alquileres temporales —un sector en auge— y contratos indefinidos, clave para estabilidad en el mercado.
El PP, Vox y Junts habían bloqueado en febrero cualquier avance en vivienda, pero la movilización social tras el caso de Maricarmen —desahuciada por Urba gestión— ha forzado al Ejecutivo a actuar. La presión del Sindicato de Inquilinas, que denunció la falta de protección legal, y la indignación pública han acelerado un proceso que parecía estancado.
La medida afecta directamente a inquilinos vulnerables, propietarios de viviendas turísticas y arrendadores, mientras el Gobierno intenta equilibrar la urgencia social con las demandas de los aliados parlamentarios. La prohibición de desahucios hasta 2030, sin embargo, no incluye sanciones para propietarios que incumplan la ley, un vacío que podría generar nuevos conflictos.
