Illa anuncia medidas inéditas en España: 100 millones para hipotecas protegidas y 25 millones para evitar desalojos, mientras defiende la democracia ante el auge de la extrema derecha
Salvador Illa, president de la Generalitat, ha presentado este martes en el Parlament tres medidas pioneras en España para abordar la crisis de vivienda, con un presupuesto conjunto de 125 millones de euros. La más innovadora es un programa de ‘compra compartida’ de viviendas, financiado con 100 millones, que permite a personas mayores de 40 años con ingresos estables acceder a una hipoteca con el apoyo de la administración.
El modelo, único en España, funciona así: la Generalitat asume entre el 50% y el 60% de la propiedad según la edad del comprador (50% para quienes tengan entre 40 y 55 años; 60% para mayores de 56). Los beneficiarios pagan una hipoteca convencional, pero la vivienda queda protegida: si la venden, la Generalitat tiene preferencia para recomprarla y mantenerla en el parque público. Si el plazo de ocupación se agota, el piso vuelve a la administración para ser asignado a otra familia.
Además, Illa ha anunciado un fondo de emergencia habitacional con 25 millones de euros para evitar desahucios. Este fondo permitirá a la Generalitat comprar viviendas en riesgo de ejecución y gestionar su alquiler social. La medida se suma a la ampliación de los Préstamos Emancipación, que ya han beneficiado a más de 2.700 jóvenes en un año, con créditos de hasta 50.000 euros al 0% de interés.
El presidente catalán también ha vinculado estas medidas a un contexto más amplio: la defensa de la democracia frente al auge de la extrema derecha. Illa ha anunciado que Cataluña acogerá en noviembre una conferencia de regiones democráticas, con el objetivo de construir alianzas entre territorios comprometidos con el Estado de derecho. Además, ha detallado un plan para apoyar la reconstrucción de Ucrania, involucrando al sistema sanitario, universidades y centros de investigación catalanes.
En el ámbito educativo, Illa ha propuesto regular el reconocimiento de la autoridad pública de los docentes para reforzar su protección en las aulas. La medida busca dar respaldo legal a los profesores en un contexto de crisis educativa, aunque su implementación dependerá del consenso parlamentario.
