El presidente pide a los grupos un último esfuerzo para convalidarlo en el Congreso y carga contra Ayuso por el ático de más de 6 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado el domingo que el Ejecutivo trabaja para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el real decreto ley sobre vivienda. Lo ha dicho en un mitin del PSOE en Getafe, en respuesta a la demanda que Maricarmen Abascal, la anciana desahuciada de su piso en Madrid, expresó el pasado viernes desde el hospital. Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que el decreto sea convalidado en el Parlamento.
La aprobación del decreto no está garantizada. Todo sigue pendiente de las negociaciones de última hora con los grupos de la mayoría de la investidura, y singularmente con Junts. El socio minoritario del Gobierno, Sumar, reclama que salga adelante «sí o sí» y ha amenazado con boicotear la cita si no es así. El decreto busca facilitar el acceso a la vivienda, evitar los desahucios de los ciudadanos más vulnerables y actuar contra los denominados fondos buitre.
Sánchez ha situado la vivienda como una cuestión que trasciende la ideología. Ha pedido a los grupos parlamentarios que hagan un último esfuerzo para convalidar el decreto en el Parlamento, por Maricarmen y por los millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. También ha clamado que no es una cuestión de ideología, sino de humanidad.
Sánchez convierte el desahucio en arma electoral contra Ayuso
El presidente del Gobierno ha vinculado el desahucio de Maricarmen con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y con las alianzas del PP y Vox. Ha sacado a colación la compraventa de un ático señorial en el que se enredó la presidenta madrileña. Sánchez ha denunciado que Ayuso quiso tener un nido, pero de buitres, y ha criticado que la política de vivienda del PP sea comprarle un ático. Ha ironizado con las contradictorias explicaciones de la presidenta madrileña, que lleva más versiones dadas que millones dados a Quirón, con lo que ha reivindicado también la sanidad pública.
El jefe del Ejecutivo ha apuntado a la responsabilidad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha puesto tierra de por medio en esta polémica. Sánchez ha señalado que se pueden lanzar insultos, pero sobre el aticazo de Ayuso ni pío. Ha asegurado que esta situación se puede acabar el próximo mes de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, votando al PSOE. Entre otras cuestiones, para tratar de poner fin a más de 30 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.
El líder socialista ha acusado al PP de tener dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de 6 millones de euros y no tenerlo para proteger a Maricarmen. Ha defendido la construcción de vivienda protegida y ha criticado su venta a fondos buitre. También ha reivindicado la ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, a la que se oponen el PP y Vox. Ha condenado que votaran en contra del real decreto ley que hubiera impedido que Maricarmen hoy esté desalojada y desahuciada de su vivienda.
El 15-M de 2011 como espejo de las protestas por la vivienda
Las movilizaciones que están rememorando la acampada de los indignados en la Puerta del Sol del 15-M de 2011 han servido a Sánchez para situarse en cabeza de las manifestaciones en las calles. El presidente ha resaltado la gran diferencia entre los que viven en la élite, ahí arriba, y aquellos que pisan la calle, que están a pie de obra. El desahucio de Maricarmen ha generado una ola de indignación social que el Gobierno trata de transformar en apoyo electoral ante el inminente nuevo ciclo electoral del 2027, con municipales, autonómicas y generales.
La votación del decreto en el Congreso se presenta como el primer test parlamentario de esa estrategia. El Gobierno necesita los votos de sus socios de investidura para convalidar la norma, y Junts mantiene su posición sin confirmar. La líder madrileña, por su parte, no ha respondido públicamente a las acusaciones de Sánchez en el mitin. El PP tampoco ha reaccionado de forma oficial a las palabras del presidente.
El real decreto ley es la figura que el Ejecutivo puede aprobar en solitario en el Consejo de Ministros, pero su vigencia queda condicionada a la convalidación del Congreso en un plazo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si la Cámara no lo respalda, la norma decae y pierde efectos. Por eso el calendario aprieta: la reunión del martes es solo el primer paso y el verdadero pulso se librará después en el hemiciclo, donde el Gobierno no tiene mayoría garantizada y cada socio cuenta.
La presión social en la calle añade un factor adicional a esa negociación. Las concentraciones convocadas tras el desahucio de Maricarmen han vuelto a poner la vivienda en el centro del debate público, un terreno en el que el Ejecutivo quiere exhibir iniciativa legislativa frente a las críticas de la oposición. El desenlace del martes y la posterior votación parlamentaria medirán la capacidad del Gobierno de convertir esa indignación en una norma concreta y de mantener cohesionada a su mayoría.
