Actualización (29 de septiembre a las 15:29):
El Ejecutivo divide sus medidas de vivienda en dos decretos ante la falta de apoyos: el primero incluye el escudo antidesahucios, el veto a fondos y la regulación de alquileres de temporada, con IVA del 10% para los turísticos.
El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de medidas de vivienda que someterá a convalidación en el Congreso el próximo viernes. La coalición de PSOE y Sumar ha tenido que repartirlas en dos reales decretos-ley ante la falta de apoyos parlamentarios. La fórmula permite al Ministerio de Vivienda separar las iniciativas más urgentes y con respaldo mayoritario de aquellas que afrontan más dificultades.
El primero de los decretos, que contaría con el apoyo de todos los socios de investidura, incluye la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado: «Que no vuelva a haber otro caso como el de Maricarmen». Se recupera así el escudo antidesahucios que estuvo en vigor durante la pandemia y decayó el pasado mes de abril.
Ese mismo decreto prohíbe las compras de vivienda por parte de fondos de inversión. Rodríguez ha asegurado que el objetivo es «identificar a las empresas [que realizan estas adquisiciones] para prohibirles que sigan especulando con un bien esencial». «Vamos a parar la compra especulativa», ha añadido. La norma tiene carácter temporal y se extendería hasta 2028.
El Gobierno propone al Congreso modificar la fiscalidad de las Socimis (sociedades de inversión inmobiliaria) para «que orienten su función hacia la promoción de vivienda a precios asequibles». Esta medida ha sido planteada en varias ocasiones por el Ejecutivo, hasta ahora sin éxito.
El decreto número uno regula también los alquileres de temporada y por habitaciones. La propia Rodríguez ha hablado de «fraude» en estas modalidades. Para firmar un alquiler de temporada se exigirá vincular el contrato a una actividad temporal, con un inicio y un final, de forma que no se camuflen en esta modalidad los alquileres tradicionales.
Además, se impone un IVA reducido del 10% a las viviendas de alquiler turístico. El Gobierno ha cedido en este aspecto: en un inicio su planteamiento era imponer un IVA del 21%, pero la cifra final ha cambiado durante la negociación.
Los contratos de alquiler en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse de forma anual durante dos años máximo. La subida de precios durante la renovación de los contratos de alquiler estará topada al 2%. El Sindicato de Inquilinas y varios socios de izquierda planteaban una congelación inmediata de las rentas.
Para reducir el esfuerzo económico de las familias, el Gobierno ha aprobado bonificaciones fiscales a los inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros. De esta medida se beneficiarán hasta 1,6 millones de hogares. El cálculo de Vivienda es que los beneficiarios se ahorrarían en torno a una mensualidad de alquiler en el IRPF. Se incorporan también bonificaciones en el IRPF a propietarios de vivienda que rebajen el precio del alquiler de forma voluntaria. Esta medida ya se aplica en los territorios donde se aplica la ley de Vivienda.
El primer decreto incluye asimismo Tu Casa, un mecanismo de financiación de acceso a la primera vivienda. Es un préstamo a interés 0%. El Gobierno adelantará, por tanto, créditos sin intereses para la entrada del inmueble.
El segundo decreto se centra en el alquiler. En esta segunda norma se incluye la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que, en la práctica, supondría una congelación inmediata de los precios. Sin embargo, esta cuestión sólo cuenta con el visto bueno de los socios de izquierda, por lo que podría decaer el mismo viernes. La renovación tendrá algunas salvaguardas en caso de que el propietario tenga que disponer de la vivienda. El Gobierno se ha inspirado en la legislación de otros países para plantear esta medida.
El escudo antidesahucios que decayó en abril
La prohibición de desahuciar a personas vulnerables recupera una herramienta que ya existió durante la pandemia. Su vigencia decayó el pasado mes de abril, según recoge el texto. La ministra ha vinculado la medida al caso de Maricarmen, citado en su intervención. El nuevo plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030, cuatro años y medio más que la fecha de hoy.
El IVA del 10% para los pisos turísticos
El Ejecutivo ha rebajado su pretensión inicial de aplicar un 21% de IVA a las viviendas de alquiler turístico. La cifra final ha quedado en el 10% tras la negociación. Esta rebaja se suma a la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, que la ministra ha calificado de «fraude» en su modalidad actual.
La renovación automática que puede caer el viernes
El segundo decreto incluye la renovación automática de los contratos de alquiler, que en la práctica supondría una congelación inmediata de los precios. Solo cuenta con el visto bueno de los socios de izquierda. Por eso podría decaer en la convalidación del viernes. El texto prevé salvaguardas si el propietario necesita disponer de la vivienda y se inspira en legislación de otros países.
PNV y Junts bloquean la convalidación del segundo paquete; el Congreso votará el viernes en un pleno extraordinario
El Gobierno de coalición ha aprobado este martes dos reales decretos con medidas urgentes en materia de vivienda y ha solicitado al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario para el viernes con el objetivo de convalidarlos. La división en dos textos distintos busca salvar la renovación automática de contratos de alquiler, una medida que enfrenta rechazo en PNV y Junts.
El primer decreto amplía hasta 2030 la protección frente a desahucios, regula los alquileres de temporada y por habitaciones, prohíbe hasta 2028 la compra de viviendas por fondos de inversión y prorroga dos años los contratos vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. El segundo decreto, más polémico, incluye la renovación automática de contratos de alquiler, una medida que podría perder apoyo parlamentario.
La separación de las medidas permite que el Congreso vote cada decreto de forma independiente. La votación del viernes será clave para la supervivencia de ambas normas, ya que los reales decretos-ley entran en vigor tras su publicación, pero necesitan convalidación parlamentaria en un plazo constitucional.
Presión parlamentaria impulsa la aprobación de las medidas
La aprobación de estas medidas llega tras días de negociaciones entre PSOE y Sumar, con presión de formaciones de izquierda para incluir nuevas regulaciones en el mercado del alquiler. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, celebró el acuerdo y destacó que «hoy es un gran día para los inquilinos y malo para los especuladores».
Actores clave compiten por la renovación automática de alquileres
Mientras el Gobierno busca consolidar su agenda social, PNV y Junts podrían bloquear la renovación automática de alquileres, lo que obligaría al Ejecutivo a replantear su estrategia. La división en dos decretos reduce el riesgo de que ambas medidas caigan juntas, pero la votación del viernes será decisiva.
El PSOE y Sumar han priorizado estas medidas en un contexto de creciente tensión en el mercado de alquileres, con precios en ascenso y escasez de viviendas asequibles. La prórroga de contratos y la prohibición a fondos de inversión buscan frenar la especulación, mientras que la renovación automática busca dar estabilidad a los inquilinos.
La convalidación en el Congreso dependerá de los apoyos parlamentarios. Si el segundo decreto no obtiene mayoría, el Gobierno podría optar por retirarlo o modificarlo, pero la presión social y política podría obligarle a mantenerlo en otra forma.
