Valeria Racu advierte: si el Consejo de Ministros aprueba una versión edulcorada, será un ‘decreto falso’ que no frena la especulación inmobiliaria
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha lanzado este martes un ultimátum al Gobierno: apruebe el llamado decreto Maricarmen con las modificaciones que exige la organización, o considerará que el Ejecutivo se alinea con los propietarios e inversores. La presión llega mientras Maricarmen, desahuciada la semana pasada tras vivir 71 años en su vivienda, podría regresar a su hogar, aunque la decisión final depende de ella.
La portavoz del sindicato, Valeria Racu, denunció durante una comparecencia en Puerta del Sol —ocupada por tiendas de campaña— que el desahucio de Maricarmen no fue un caso aislado, sino el resultado de un sistema que permite a los propietarios expulsar a inquilinos sin justificación. «Lo que le pasó a Maricarmen empezó hace años, con el primer burofax que le comunicaba que su contrato iba a expirar», explicó. El sindicato reclama contratos de alquiler indefinidos para evitar que inquilinos como ella sean desalojados cada pocos años por intereses especulativos.
El Gobierno aún no ha confirmado si el decreto incluirá las demandas del sindicato, pero Racu advirtió: «Hoy solo aceptamos un decreto Maricarmen sin que se le cambie una coma, o tendremos un decreto falso». El texto, que se debatirá en el Consejo de Ministros, podría ser clave para evitar más desahucios, aunque el sindicato lo considera solo un primer paso. «Las casas son para vivir, no para especular», subrayó, vinculando la lucha por la vivienda con otras reivindicaciones sociales como la estabilidad laboral.
Mientras, el sindicato acusó a las administraciones —Ayuntamiento y Comunidad de Madrid— de ser «partes culpables» del conflicto por negarse a negociar alternativas. Racu recordó las imágenes del desalojo, donde la policía usó fuerza contra los manifestantes que defendían a Maricarmen: «Recibimos palos, pisotones y dedos en los ojos». La tensión se mantiene en Sol, donde los acampados exigen al Gobierno que elija entre «el lado de la gente» o «el de los inversores».
El decreto también abordará las devoluciones en Ceuta, pero el sindicato lo calificó de «racista», acusando al Gobierno de criminalizar a los migrantes mientras ignora la especulación inmobiliaria. «Los verdaderos invasores son los que llevan traje y mueven dinero», denunció Racu, exigiendo que el Consejo de Ministros «deje claro de qué lado está».
