Centenares de personas, entre ellas jóvenes y familias, desafían la lluvia en Puerta del Sol para presionar por cambios legislativos reales. El real decreto se aprueba este martes, pero su validez dependerá de su aprobación parlamentaria en un mes
Centenares de personas acampan desde el sábado en la Puerta del Sol de Madrid, ocupando toda la zona peatonal de la plaza, para denunciar la crisis de la vivienda. La movilización, la primera en 15 años, surge tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años desalojada del piso que habitaba desde hacía siete décadas. «Esto va más allá de Maricarmen», advierte Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que asegura que la acampada continuará hasta que el real decreto de vivienda —que el Gobierno aprueba este martes en Consejo de Ministros— se convalide en el Congreso, un proceso que podría alargarse hasta un mes.
Los acampados, entre ellos jóvenes como Gonzalo (30 años) y Xess (33), exigen contratos indefinidos y estabilidad en el acceso a la vivienda. «No es que no tenga fe en el sistema político, pero ha habido demasiadas decepciones», reconoce Xess, quien critica la falta de medidas efectivas tanto del Gobierno central como del autonómico. La acampada, que ha contado con la participación de niños, estudiantes y trabajadores, refleja la urgencia de un problema que afecta a colectivos vulnerables, como las familias con animales —representadas por organizaciones como Salvando Peludos— o jóvenes que combinan estudios y trabajo, como Sofi (19 años), obligada a abandonar la plaza este martes por sus obligaciones laborales.
El real decreto, aprobado este martes, se enfrenta a escepticismo. Sara, una joven de 28 años presente en el desahucio de Maricarmen, advierte: «Si el Gobierno no actúa, será recordado como el que desalojó a una anciana y no hizo nada». Mientras, el Sindicato de Inquilinas insiste en que el decreto es solo el «primer paso» y reclama medidas estructurales para evitar nuevos casos como el de Maricarmen. La tensión política se palpa en las pancartas: desde críticas al «kentismo» hasta acusaciones directas al PSOE y Sumar por su gestión en materia de vivienda.
El marco legal del decreto, aún por aprobarse en el Congreso, será clave. Según los acampados, su eficacia dependerá de su aplicación real y no de promesas vacías. Mientras, la acampada —pacífica, salvo por la expulsión del activista Vito Quiles por consignas consideradas fascistas— se mantiene como símbolo de una crisis que, según Daniel, uno de los participantes, «no explotará hasta que no haya una vivienda digna para todos».
