El PSOE incluye subidas de alquiler y protecciones insuficientes para pequeños propietarios, mientras el PNV y ERC presionan por más cambios
El Consejo de Ministros ha pospuesto la aprobación del real decreto-ley de vivienda tras el bloqueo de Junts y Sumar, que exigen cambios profundos en el texto. La formación independentista critica que el Gobierno «se aleja del pacto» al introducir medidas no negociadas, como una posible subida del 2% en precios de alquiler, mientras Sumar reclama «ser valientes» y ampliar protecciones.
El borrador, remitido ayer a socios de investidura, incluye prórrogas de contratos de alquiler (hasta dos años) y desgravaciones fiscales para inquilinos jóvenes en zonas pensionadas (hasta 33.000 euros anuales con un 10% de deducción). Sin embargo, omite la prohibición de compra de viviendas por fondos de inversión —reclamada por Junts— y no recupera la desgravación de hipotecas previas a 2013, un punto clave para la formación catalana.
Junts denuncia que el texto modifica 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sin protección real para pequeños propietarios, mientras Sumar insiste en que el Gobierno «no va lo suficientemente lejos». El PNV y ERC, aunque más flexibles, exigen ajustes en la suspensión de desahucios y en las compensaciones económicas para propietarios afectados.
La negociación se alargó hasta última hora, con Junts advirtiendo que el acuerdo «corre peligro». Fuentes de la formación convergente señalaron que, aunque «aún estamos a tiempo», el texto actual «deja sin protección a los pequeños propietarios» y prioriza medidas que, a su juicio, benefician a fondos buitre. Sumar, por su parte, recordó que la vivienda ha unido a fuerzas políticas dispares (desde IU a EH Bildu), pero exige más ambición en la reforma.
El decreto también incluye créditos a 0% para jóvenes (hasta 50.000 euros o el 20% del valor de la vivienda) y un IVA del 21% para viviendas turísticas, pero su futuro depende de si el Gobierno logra contentar a sus socios antes de que el texto llegue al Congreso. La suspensión de desahucios para vulnerables —con compensaciones públicas— es otro punto en disputa, especialmente por cómo se calcularán esas ayudas.
