El texto, conocido como ‘decreto Maricarmen’, incluye congelación de precios y protección reforzada para vulnerables, pero Junts lo tacha de ‘ómnibus’ y amenaza con vetarlo
Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso, ha anunciado el jueves que su formación rechazará el decreto de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a los grupos parlamentarios a menos de 24 horas del Consejo de Ministros. El texto, conocido como ‘decreto Maricarmen’, introduce cambios clave como la prórroga obligatoria de dos años para contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y la congelación de precios, medidas que desvirtúan el consenso previo y generan el rechazo frontal de los independentistas.
El decreto, que modifica 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), establece un protocolo estricto para suspender desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2028. Sin embargo, Junts denuncia que el Gobierno recupera medidas similares a las del decreto de abril —ya derogado por PP, Vox y su propia formación— y que la nueva normativa perjudica a pequeños propietarios al equipararlos a fondos buitre en la protección judicial. Además, los neo convergentes advierten de que el Ejecutivo esquiva el trámite parlamentario ordinario para aprobar cambios sustanciales en la ley.
El texto también incluye un mecanismo de compensación económica para inquilinos vulnerables, asumido por las comunidades autónomas, que cubrirá rentas impagadas, cortes de suministros y daños en el inmueble. Sin embargo, Junts critica que esta medida no protege a los propietarios particulares, mientras que Sumar —aliado clave del Gobierno— considera insuficiente la prórroga y exige la renovación automática de contratos, una línea que el PSOE no ha incluido en el borrador.
Mientras, otras fuerzas políticas como ERC, EH Bildu y el PNV han presentado propuestas alternativas: desde bajar el IVA de la primera vivienda hasta gravar el alquiler turístico con un 21%. El decreto, que evita medidas como la expropiación directa a fondos buitre —línea roja de Podemos—, sí incorpora el derecho de tanteo y retracto para inquilinos, aunque sin reformar la ley del suelo.
El rechazo de Junts podría bloquear el decreto en el Congreso, donde el Gobierno necesita al menos 7 votos de apoyo para su aprobación. La formación independentista exige rectificaciones antes del martes, fecha prevista para la votación, mientras el PSOE intenta mantener el equilibrio entre las demandas de Sumar y las críticas de la oposición.
