El desahucio de Maricarmen y la presión social obligan a Sánchez a actuar el martes, pero socios y oposición dividen las fórmulas
El Consejo de Ministros aprobará el martes un real decreto-ley para frenar la crisis de vivienda, en una decisión impulsada por el desahucio de Maricarmen, que ha convertido el problema habitacional en la principal preocupación de los españoles. Fuentes cercanas al Gobierno confirman que la medida se tramitará como urgencia, aunque persisten tensiones internas entre los socios de la coalición y con la oposición, que ya cuestionan su alcance.
La presión social y el malestar acumulado —reflejado en encuestas que sitúan la vivienda como el principal problema— han acelerado un proceso que el Ejecutivo lleva meses posponiendo. El decreto, que incluirá medidas para evitar desahucios y regular alquileres, llega en un momento de máxima tensión, con el PSOE y sus socios negociando hasta el último minuto para evitar fracturas.
El desahucio de Maricarmen, una madre soltera de 38 años, se ha convertido en el símbolo de una crisis que el Gobierno no ha logrado contener. Según datos del Ministerio de Vivienda, más de 300.000 familias están en riesgo de exclusión residencial, una cifra que ha crecido un 15% en el último año.
El precio de los alquileres sube un 22% en dos años
La emergencia habitacional no es nueva. Desde 2023, el Ejecutivo ha intentado aprobar medidas puntuales, pero sin éxito. La falta de consenso en el Congreso y las divisiones internas en la coalición han retrasado cualquier solución estructural. Mientras, el precio de los alquileres se ha disparado un 22% en los últimos dos años, según el Índice de Precios de Vivienda del INE.
El PSOE, principal impulsor del decreto, defiende que la medida es necesaria para evitar un colapso social. Sin embargo, partidos como Sumar ya han amenazado con no apoyar el texto si no incluye garantías adicionales, como la expropiación de viviendas vacías. Por su parte, la oposición —encabezada por el PP y Vox— critica que el Gobierno actúa de forma tardía y sin un plan a largo plazo.
Las implicaciones: ¿basta el decreto o se agrava la división?
La aprobación del decreto el martes no resolverá la crisis, pero sí marcará un punto de inflexión. Si los socios de gobierno logran un acuerdo, el texto podría entrar en vigor en menos de 48 horas. Sin embargo, si las tensiones persisten, el Ejecutivo podría verse obligado a negociar enmiendas de última hora, retrasando aún más su aplicación.
Para el PSOE, el decreto es una victoria política, pero también un riesgo: si no cumple las expectativas, podría debilitar aún más su posición en las encuestas. Para la oposición, en cambio, es una oportunidad para acusar al Gobierno de improvisación. Mientras, los afectados —como Maricarmen— esperan medidas concretas que eviten nuevos desahucios.
La decisión de el martes no solo definirá el futuro del decreto, sino también la estabilidad de la coalición. Si los socios no logran ponerse de acuerdo, el Gobierno podría verse obligado a buscar apoyos externos, algo que complicaría aún más la situación.
