La presidenta madrileña acusa a Cataluña de registrar cinco veces más lanzamientos; el Govern responde con cifras relativas y critica el ático de Chamberí
Isabel Díaz Ayuso y Salvador Illa han escalado hoy su disputa por la gestión de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, usando cifras oficiales para acusarse mutuamente de incompetencia.
Ayuso vinculó el caso a los 25.500 desahucios anuales ejecutados por la Policía Nacional —dependiente del Gobierno central—, y aseguró que Cataluña registra tres veces más lanzamientos que Madrid. Illa, en cambio, defendió que las cifras absolutas no reflejan la realidad: Cataluña tiene 6.814 desahucios anuales (26,6% del total nacional) frente a los 2.267 de Madrid, pero también 8 millones de habitantes y un parque de alquiler de 590.000 viviendas (frente a las 350.000 madrileñas). Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en términos relativos, los desahucios por alquiler en ambas comunidades son similares: 5.025 en Cataluña y 1.990 en Madrid.
El conflicto refleja dos modelos opuestos: Ayuso defiende que limitar precios genera inseguridad jurídica, mientras el Govern catalán apuesta por intervenciones públicas. Además, la inversión presupuestaria difiere: Madrid destina 714 millones (2,38% de su presupuesto) y Cataluña 1.900 millones (3,8%), aunque esta última asigna 200 millones a ayudas sociales al alquiler, frente a los 32 millones madrileños.
El relator de la ONU en Vivienda, Koldo Casla, criticó el desahucio de Maricarmen por incumplir medidas cautelares del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), que exigen suspender lanzamientos sin alternativa habitacional. Casla denunció que el caso «prioriza la rentabilidad inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda» y recordó que Maricarmen llevaba 70 años en su hogar.
El rifirrafe se produce en un contexto de 0,48% del presupuesto español dedicado a vivienda —el más bajo de Europa—, mientras la recaudación por compraventas supera el 3,5%. La tensión entre ambas comunidades podría escalar si el caso de Maricarmen se convierte en símbolo de la crisis habitacional.
En su respuesta, Illa calificó de «sobrecogedor» el lanzamiento de Maricarmen y denunció la «ceguera» y la «codicia del dinero» que, según él, caracterizan la actuación de la administración central. Ayuso, por su parte, se refirió a los datos como «fake news» y criticó la gestión del ático de Chambera, alegando que la comunidad catalana estaba intentando ocultar sus propias vergüenzas.
Ambas partes han recurrido a cifras oficiales para reforzar sus argumentos: Ayuso citó los 25.500 desahucios anuales en España y afirmó que cada desahucio en Madrid genera cinco en Cataluña, mientras Illa respondió con los 6.814 desahucios en Cataluña y los 2.267 en Madrid, subrayando la necesidad de considerar la población y el parque de viviendas para una comparación justa.
