La provincia con más desalojos de España (1.136 en 2025) convoca protestas con campamento permanente en el Ayuntamiento
Málaga, Sevilla y Cádiz concentran este lunes 28 de septiembre manifestaciones contra la especulación inmobiliaria, inspiradas en el desahucio de Maricarmen en Madrid. La plataforma Un Techo por Derecho y la PAH organizan en Málaga un acto a las 20:00 en la Casona del Parque, donde exigen un campamento permanente al estilo del 15-M de 2011, con el lema Estamos indignados de nuevo y se necesita otro 15-M.
Málaga lidera la movilización: con 1.136 desalojos en 2025 (casi cuatro diarios), es la provincia con más casos de Andalucía y la quinta de España, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La PAH denuncia que el 70% de estos desalojos afectan a familias vulnerables, y reclama cambios regulatorios y judiciales. Entre los casos más mediáticos está el de Teresa, una mujer de 70 años desalojada en agosto tras vivir 54 años en el mismo piso, donde ahora pernocta en un banco frente al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Málaga asegura haber ofrecido alternativas habitacionales temporales, pero los vecinos de Teresa contradicen su versión: señalan que ella y su hijo tienen antecedentes de conflictos y que el propietario, un nonagenario, quiere recuperar la vivienda para sus últimos días. Mientras, el Sindicato de Inquilinos amplía la protesta a una docena de ciudades, con un campamento en la Puerta del Sol que replica el modelo de 2011, pero ahora con un enemigo claro: fondos buitre y especulación con una necesidad básica, según activistas.
La movilización andaluza coincide con promesas incumplidas de partidos políticos. En 2023, PSOE, Podemos y Sumar firmaron un acuerdo para eliminar los desahucios sin alternativa habitacional, pero hasta ahora solo se han aprobado 12.000 viviendas de protección oficial (VPO) adicionales en toda España, lejos de las 50.000 anuales prometidas. La PAH advierte que, sin cambios legales, los desalojos seguirán creciendo: en 2024 subieron un 12% respecto a 2023.
El conflicto legal también escaló: en junio, el Tribunal Supremo anuló una sentencia que protegía a inquilinos en casos de vivienda no habitual, abriendo la puerta a más desalojos. Mientras, la Fiscalía General del Estado investiga 23 fondos buitre por posible delito de estafa en operaciones inmobiliarias, pero ningún caso ha llegado a juicio.
