La Abogacía del Estado rechaza acusaciones de irregularidades en el censo exterior (CERA) mientras el alto tribunal mantiene la suspensión de inscripciones
El Tribunal Supremo mantiene paralizadas las inscripciones en el censo electoral de residentes en el exterior (CERA) para hijos y nietos de exiliados por el franquismo, afectando a más de 10.000 personas que podrían ejercer su derecho al voto. La medida, adoptada a petición de Vox y la asociación Iustitia Europa, se justifica por un supuesto ‘peligro real’ para la ‘objetividad y transparencia’ de los procesos electorales, según los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La Abogacía del Estado, en un recurso presentado el pasado viernes, rechaza las acusaciones de Vox sobre una «alteración artificial» del censo y advierte de que la demanda carece de pruebas concretas. El escrito, al que ha tenido acceso El Periódico, señala que la demanda no identifica inscripciones duplicadas ni personas sin nacionalidad española, sino que cuestiona la legalidad de la adquisición previa de la nacionalidad. Además, recuerda que no está abierto ningún periodo electoral, por lo que la suspensión carece de efecto inmediato.
El censo exterior (CERA) ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, vinculado a la aplicación de la ley de Memoria Democrática y la instrucción del Ministerio de Justicia de 2023, que facilitó el acceso al voto para descendientes de exiliados. Según datos oficiales, el CERA superó los 1,5 millones de inscritos en 2025, un 12% más que en 2022. La Abogacía del Estado argumenta que el incremento no es prueba de irregularidad, ya que puede estar justificado jurídicamente, aunque reconoce su relevancia estadística.
Mientras, el Supremo no ha resuelto aún sobre el fondo del asunto, pero mantiene la suspensión provisional de las inscripciones. La decisión deja en el aire la posibilidad de que miles de ciudadanos puedan votar en futuras elecciones, como las autonómicas de 2027 o las generales de 2028, dependiendo de cómo evolucione el proceso judicial. La suspensión afecta especialmente a regiones con alta concentración de descendientes de exiliados, como Cataluña, País Vasco y Madrid.
El conflicto legal se enmarca en una batalla política más amplia sobre la memoria histórica. Vox y sectores conservadores han criticado repeatedly la ley de Memoria Democrática por considerar que amplía indebidamente el censo electoral, mientras que partidos como el PSOE y Unidas Podemos defienden el derecho al voto de estos ciudadanos. La suspensión del Supremo, sin embargo, no se limita a este grupo: también paraliza inscripciones de otros españoles en el exterior que cumplan los requisitos legales, generando incertidumbre sobre el alcance real de la medida.
