El decreto reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil y crea un procedimiento judicial para suspender desahucios de vulnerables, con plazos de hasta 4 meses
El Gobierno ha aprobado un borrador del decreto de vivienda que obliga a las comunidades autónomas a asumir los gastos y rentas impagadas de inquilinos vulnerables cuando no haya alternativa habitacional. La medida, impulsada tras el caso de Maricarmen —la mujer desahuciada que saltó a la opinión pública—, reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil y establece un nuevo procedimiento judicial para suspender desahucios.
Las comunidades autónomas deberán compensar a los propietarios por rentas impagadas, suministros pendientes y daños en la vivienda durante un plazo máximo de dos meses (cuatro si el demandante es una empresa). Si incumplen los pagos, deberán abonar intereses. Además, el texto incluye una línea de financiación estatal para cubrir estos gastos y mantiene medidas ya anunciadas en julio, como la prórroga de contratos de alquiler hasta 2028.
El decreto busca un acuerdo de mínimos tras el bloqueo de Junts y Podemos, que hasta ahora se oponían: los primeros exigen bonificaciones fiscales para propietarios, mientras los segundos defienden expropiaciones y control de precios. Fuentes gubernamentales señalan que el caso Maricarmen ha sido un «punto de inflexión» para avanzar, aunque el ministro Félix Bolaños descartó fórmulas de expropiación «sin encaje constitucional».
El texto aún debe ser aprobado el martes en el Consejo de Ministros, pero el Gobierno confía en que la presión social y mediática permita su aprobación. La medida afecta directamente a propietarios, inquilinos vulnerables y autonomías, que deberán asumir costes adicionales sin un marco fiscal claro.
Para garantizar la sostenibilidad del proceso, el decreto establece una revisión anual de cada caso suspendido, con el objetivo de comprobar si persisten las circunstancias que motivaron la suspensión. En caso de que las comunidades autónomas se retrasen en el pago de las compensaciones, deberán abonar los intereses correspondientes, lo que añade un incentivo adicional a la puntualidad de los desembolsos.
