El presidente Abelardo de la Espriella ordena a Hacienda abrir conversaciones con el organismo y cifra el déficit previsto para este año en el 7,4%
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el domingo a su Ministerio de Hacienda iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El motivo es la crisis de las finanzas públicas del país. Lo anunció en una alocución retransmitida por televisión.
El mandatario explicó que ha dado «instrucciones claras» para establecer «conversaciones con el FMI para buscar una salida negociada a la crisis» que, según dijo, hereda su Gobierno. No detalló con qué posiciones acudirán los representantes colombianos a la cita con el organismo multilateral.
El FMI presta habitualmente a los Estados miembro a cambio de exigir medidas de ajuste y austeridad. De la Espriella cerró su intervención con un «saldremos adelante», sin aportar más precisiones sobre el calendario ni sobre el contenido de la negociación.
De la Espriella cifra la deuda en el 60% del PIB
El presidente colombiano describió la situación del Estado como la «más crítica» de la historia del país. Atribuyó el origen del problema al «despilfarro» del Gobierno anterior, el del izquierdista Gustavo Petro, y a la corrupción. «Se robaron todo», afirmó. Añadió que ese daño «no va a quedar impune en el Gobierno del tigre», como denomina a su Ejecutivo.
La deuda pública colombiana asciende al 60 % del producto interior bruto (PIB), según cifras oficiales del cierre del primer semestre de este ejercicio. La previsión de déficit fiscal para este año se situaba en el 7,4 %. El gran terremoto de agosto, de magnitud 7,4, y su reconstrucción pueden poner en peligro las cuentas públicas y estrechar aún más el margen fiscal del Ejecutivo.
De la Espriella sostuvo que la «gravedad» de la situación de las finanzas públicas «no es suficientemente entendida» por la opinión pública. Lo achacó a la «aparente normalidad económica» que se vive en el país. Esa normalidad, según su relato, se explica porque «en la calle» existe una «economía paralela» sostenida con «los dineros ilícitos» de la corrupción y del narcotráfico. En ese punto situó a Colombia como «el primer productor de cocaína del mundo».
El presidente resumió el estado de las cuentas con una frase: «Las finanzas públicas ya no aguantan más». Y añadió que el Gobierno mantiene «una quimera que no puede seguir pagando», porque «los ingresos son menores que el pago de su deuda y su funcionamiento».
Qué exige el FMI a cambio de prestar
El Fondo Monetario Internacional es la institución multilateral a la que los Estados acuden cuando no pueden cubrir su gasto con ingresos propios ni con financiación de mercado a un coste asumible. Su intervención no es un rescate gratuito. El organismo condiciona el desembolso a un programa de ajuste: recorte del gasto público, revisión de subsidios y compromisos de reducción del déficit en plazos concretos.
Ese es el terreno en el que entra ahora Colombia. El margen de maniobra del Ejecutivo de De la Espriella depende de dos variables que el propio presidente puso sobre la mesa. La primera es la magnitud de la deuda, ya en el 60 % del PIB. La segunda es el déficit previsto del 7,4 %, una cifra que la reconstrucción tras el terremoto de agosto puede elevar.
La negociación con el FMI suele traducirse en un memorándum con metas trimestrales. Cada revisión del organismo mide si el país cumple lo pactado. Si no cumple, el desembolso se suspende. Ese mecanismo es el que convierte la conversación anunciada el domingo en un condicionante de la política económica colombiana de los próximos meses.
El terremoto de agosto tensa el margen fiscal
La reconstrucción tras el seísmo introduce una presión adicional sobre unas cuentas ya tensionadas. El gasto en infraestructura, vivienda y atención a los damnificados compite con el pago de la deuda y con el funcionamiento ordinario del Estado. Es exactamente el escenario que De la Espriella describió al señalar que los ingresos no cubren esas obligaciones.
El anuncio llega además con una carga política interna. De la Espriella atribuye la crisis a la herencia de Gustavo Petro y promete que no quedará impune. La negociación con el FMI le da un argumento para sostener esa acusación: si el organismo exige ajustes, el presidente puede presentarlos como la factura de la gestión anterior.
El coste de ese relato es que las medidas de austeridad que pida el Fondo recaerán sobre el conjunto de la población. Los ajustes suelen afectar a subsidios, empleo público y gasto social. Ese es el punto donde la negociación técnica se convierte en conflicto político.
El FMI no ha fijado todavía las condiciones ni el importe de un eventual programa para Colombia. Tampoco hay fecha confirmada para el inicio formal de las conversaciones. Lo único anunciado es la orden del presidente a su Ministerio de Hacienda para abrirlas.
