El texto, ya en consulta pública, modifica las normas de construcción en áreas vulnerables tras la catástrofe de 2024 en la Comunidad Valenciana
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha finalizado el periodo de consulta pública de un real decreto que busca evitar futuras catástrofes por inundaciones, especialmente en zonas ya afectadas como la Comunidad Valenciana, donde en octubre de 2024 murieron más de 200 personas. El borrador, que aún no ha sido aprobado oficialmente, modifica las reglas urbanísticas para terrenos en riesgo y viviendas ya construidas en áreas vulnerables.
Entre las zonas más expuestas figuran municipios de la Comunidad de Madrid, como Alcalá de Henares, atravesado por el río Henares y el arroyo Camarilla, y Aranjuez, en la confluencia del Tajo y el Jarama. También incluye el suroeste de la región, donde en 2023 dos personas perdieron la vida por inundaciones. El texto preocupa especialmente a las promotoras inmobiliarias, ya que podría afectar a nuevos proyectos en estas áreas.
El precedente de la catástrofe de 2024
El decreto responde directamente a los fallos detectados tras las inundaciones de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, que dejaron un balance de más de 200 víctimas mortales. Según los datos disponibles, el Gobierno busca evitar que se repitan errores como la construcción en zonas de alto riesgo o la falta de planes de emergencia adecuados. El texto aún no ha sido publicado, pero su contenido ya ha generado reacciones en sectores como el inmobiliario, que temen restricciones adicionales a sus proyectos.
¿Qué municipios y regiones se verán más afectados?
Además de la Comunidad Valenciana, el real decreto podría tener un impacto directo en Madrid, concretamente en municipios como Alcalá de Henares y Aranjuez, ambos con históricos problemas de inundaciones. También se menciona el suroeste de la región, donde en 2023 dos personas fallecieron por este motivo. El texto no especifica aún qué medidas concretas se aplicarán, pero sí confirma que las normas afectarán tanto a terrenos en los que se planea construir como a viviendas ya existentes en zonas de riesgo.
El borrador, que ya ha finalizado su periodo de consulta pública, será ahora analizado por los técnicos del Ministerio antes de su aprobación definitiva. Una vez publicado, entrará en vigor y obligará a los ayuntamientos a revisar sus planes urbanísticos para garantizar la seguridad de sus habitantes.
El decreto, redactado tras el cierre del periodo de consulta el 28 de septiembre de 2026 a la 01:30h, establece que los ayuntamientos deberán presentar un plan de gestión de inundaciones actualizado en un plazo de 12 meses. Esta medida busca asegurar que las autoridades locales cuenten con estrategias de prevención y respuesta que cumplan con los nuevos criterios de riesgo definidos por el Ministerio.
