El partido de Emiliano García-Page exige reabrir negociaciones y denuncia que su comunidad será la más perjudicada tras el nuevo reparto de fondos
El PSOE de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, rechaza el modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que según sus cálculos dejará a la región con un 10% menos de recursos por habitante —equivalente a 600 millones de euros menos— en comparación con Madrid o Cataluña. El partido acusa al Ejecutivo de priorizar el principio de ordinalidad, que beneficia a comunidades con mayor PIB, y denuncia que los nuevos fondos para pymes y transición ecológica se reparten de forma desproporcionada, excluyendo a las regiones del interior.
El comunicado, respaldado por el Comité Regional, critica que Castilla-La Mancha pasará de ser la cuarta comunidad con menos ingresos a la que recibe menos recursos por habitante, solo por encima de Canarias. Mientras Cataluña y Madrid obtendrán 4,2 puntos más que la media nacional, la región de García-Page registrará un déficit de 3,3 puntos respecto a la media, según sus cálculos. El partido exige al Gobierno reabrir la negociación y crear un grupo de trabajo interno en el PSOE para consensuar un modelo alternativo, alineado con lo aprobado en el 41º Congreso Federal de 2024, donde ya se rechazó incluir el principio de ordinalidad en el ideario del partido.
El conflicto refleja una división interna en el PSOE entre federaciones: mientras el Gobierno negocia con Cataluña y Canarias —que apoyan el modelo actual—, Castilla-La Mancha y otras regiones como Andalucía o Extremadura se oponen. El partido regional argumenta que un sistema redistributivo justo debe garantizar igual financiación por habitante para servicios públicos como sanidad o educación, principios que, según denuncian, se vulneran con la propuesta actual. García-Page, cuya gestión al frente de la comunidad autónoma depende en parte de estos fondos, apoya abiertamente la postura crítica, lo que añade presión política al Gobierno en un momento de tensiones con las autonomías.
El rechazo del PSOE regional no es aislado: en los últimos meses, comunidades como Andalucía y Murcia han expresado su disconformidad con el modelo, aunque sin llegar a un frente común. La negociación, que podría alargarse hasta 2027, se enmarca en la Ley de Financiación Autonómica, pendiente de aprobación definitiva. El Gobierno defiende que el sistema busca equilibrar ingresos entre territorios, pero los críticos, como el PSOE de Castilla-La Mancha, insisten en que consolida desigualdades históricas en lugar de corregirlas.
La propuesta de crear un grupo de trabajo interno en el PSOE para unificar criterios antes de votar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera —órgano donde se aprueban estos acuerdos— podría retrasar aún más la decisión. Mientras, las comunidades perjudicadas, como Castilla-La Mancha, preparan recursos legales para impugnar el reparto si no se revisa. El conflicto pone en evidencia cómo la financiación autonómica se ha convertido en un campo de batalla política, donde el Gobierno central y las autonomías chocan por el control de un pastel de más de 100.000 millones de euros anuales en transferencias.
