La aerolínea entregó al juez más de 600 folios que confirman que el ente público conocía los pagos a la petrolera venezolana
La aerolínea Plus Ultra avisó por adelantado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sobre los beneficiarios de su rescate público de 53 millones de euros. Los fondos estatales aprobados en 2021 por el Consejo de Ministros sirvieron para saldar compromisos financieros con la petrolera estatal venezolana PDVSA. La información figura en más de 600 folios entregados al juez José Luis Calama por el exconsejero delegado de la compañía Roberto Roselli.
El magistrado indaga una causa por presunto tráfico de influencias que señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como principal investigado. La instrucción sostiene que Zapatero utilizó su ascendencia política en el Ejecutivo de Pedro Sánchez para asegurar la inyección pública. Los agentes judiciales rastrean si la ayuda económica acabó integrada en una red internacional de blanqueo de capitales.
Las comunicaciones entre la empresa y el director de Participadas de la entidad pública José Ángel Parte arroyo detallaron los pasivos prioritarios. Parte arroyo solicitó en noviembre de 2020 la lista de los principales acreedores para examinar posibles conflictos de interés. Roselli remitió entonces una relación encabezada por la petrolera de Venezuela, con una deuda acumulada de 4.694.926 euros por suministro de combustible pendiente de cobro por las sanciones comerciales de Estados Unidos.
El expediente judicial analiza también la devolución de varios préstamos puente a mercantiles vinculadas al financiero holandés Simon Verhoeven. Los contratos suscritos a partir de octubre de 2020 canalizaron 1,9 millones de euros mediante firmas como Wailea Investí LRD, Valerian y Allpa Wira Trading UK. La empresa pública conoció estos acuerdos en el desglose final de pagos remitido por la compañía aérea antes de recibir la ayuda.
Las actuaciones judiciales mantienen citado a declarar como testigo a Parte arroyo para el próximo 19 de noviembre. La Audiencia Nacional examina igualmente la emisión de bonos y cesiones de crédito ejecutadas a través de la sociedad luxemburguesa Modus Securitización. Estas operativas financieras permitieron transferir fondos públicos hacia inversores privados, lo que bajo el criterio judicial dificultó el rastreo final del dinero.
