La ministra García y el ministro Bustinduy ironizan sobre el cambio de postura de la empresa tras amenazas de expropiación; el Ayuntamiento de Madrid analiza la propuesta de urgencia
Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, ha calificado de «sádico» el comportamiento de Urba gestión al ofrecer a Maricarmen —de 87 años— volver a su piso en el 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, tras desahuciarla este miércoles. La empresa presentó este viernes una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para incluir la vivienda en el programa municipal Reviva, horas después de que Sumar amenazara con expropiarles los inmuebles.
García, en un mensaje en X, denunció que la solución llega «cuando ya no hay marcha atrás». Urba gestión, propietaria del piso, aseguró en un comunicado que se pone a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMES) y los Servicios Sociales para agilizar la resolución. La propuesta, presentada como «alternativa habitacional estable y asequible», busca evitar que Maricarmen quede en situación de vulnerabilidad tras el desalojo.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, criticó la «conciencia social» repentina de la empresa: «Ha sido hablar de expropiarles la vivienda y de pronto les ha entrado el miedo», ironizó. La diputada Tesh Sidi (Más Madrid) advirtió que «caerán todos» y el parlamentario Nahuel González (Sumar) alertó de que «el miedo cambia de bando». Por su parte, Alberto Ibáñez (Compromís), portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, sentenció: «Los buitres entienden el lenguaje de la expropiación».
El caso se enmarca en la tensión entre el Gobierno y las plataformas sociales por los desahucios. Urba gestión, vinculada a fondos de inversión, ha sido señalada en el pasado por prácticas cuestionadas en alquileres sociales. La propuesta presentada al Ayuntamiento debe ser evaluada por la EMES y los Servicios Sociales, que decidirán si se integra en el programa Reviva —que gestiona viviendas vacías para colectivos vulnerables—. Hasta ahora, la empresa se había negado a negociar soluciones habitacionales para Maricarmen.
El Ayuntamiento de Madrid no ha confirmado aún si aceptará la propuesta, pero la urgencia del caso —una anciana sin alternativa habitacional— podría acelerar el proceso. La presión política de Sumar, que ha convertido este caso en un símbolo de su lucha contra la especulación inmobiliaria, añade un componente adicional a la decisión municipal.
Sigue la cobertura: Feijóo culpa al Gobierno de la crisis de vivienda tras el desahucio
