La empresa cede la vivienda de la calle Alcalá Sainz de Baranda, 46, pero la EMVS no tiene protocolo para casos como este
Urba gestión Desarrollo e Inversión ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid ceder el piso de la calle Alcalá Sainz de Baranda, 46 —del que desalojó a la octogenaria Maricarmen este martes—, para que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMES) lo incorpore al programa Reviva y permita a la inquilina regresar con un alquiler asequible.
La oferta, adelantada por El País, llegó sin aviso previo a la EMES, que analiza cómo encajarla en un programa diseñado para viviendas vacías y adjudicación posterior, no para casos concretos como este. La empresa municipal no tiene un protocolo establecido para este tipo de cesiones.
Urba gestión, que solo es propietaria del piso —no del edificio—, aclara en un comunicado que actuó dentro del marco legal. El auto del Tribunal Supremo que confirmó el desahucio es firme desde diciembre de 2023. La empresa intentó negociar un alquiler un 40-50% inferior al mercado, pero el proceso judicial ya estaba en marcha.
El Sindicato de Inquilinas y la abogada de Maricarmen no han recibido información sobre la propuesta. Urba gestión también rechaza acusaciones de especulación y confirma una querella por difusión de imágenes de sus administradores, vinculando el caso a un «uso político».
El pianista James Rhodes, que ofreció ayuda pública, contactó con la empresa tras el desahucio: propuso pagar el alquiler o comprar la vivienda, pero sin éxito.
En la sede de la EMES, los responsables se reunieron a última hora para evaluar la viabilidad de la cesión. La agencia, que forma parte del Ayuntamiento de Madrid y gestiona el programa Reviva, señaló que la normativa vigente no contempla la incorporación directa de una vivienda a la cartera de alquiler social cuando la inquilina ya ha sido desahuciada. Se está estudiando la posibilidad de crear un procedimiento especial que permita la reubicación de la inquilina en la misma vivienda, manteniendo la condición de alquiler asequible y garantizando la continuidad del servicio público de vivienda.
