El ministro de Cultura apuesta por un texto consensuado con la formación independentista y destaca la urgencia social, mientras confirma su participación en la campaña electoral de Sumar
Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha avanzado este viernes que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el decreto ley de vivienda, un texto que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar busca convalidar en el Congreso con el apoyo de Junts per Cataluña, que ha regresado a las negociaciones. La vuelta de la formación independentista a la mesa de diálogo, anunciada tras semanas de distanciamiento, ha sido calificada por Urtasun como una «buena noticia» y un paso clave para garantizar la mayoría parlamentaria necesaria.
El decreto, cuya aprobación en el Ejecutivo se considera «inminente», incluirá medidas como la expropiación de viviendas deshabitadas y la creación de un fondo de alquiler social. Según ha detallado Urtasun en una entrevista en la Cadena SER, el Gobierno está dispuesto a negociar con Junts propuestas concretas, como bonificaciones fiscales para incentivar la construcción de viviendas asequibles, un tema que la formación catalanista ha planteado en anteriores rondas de diálogo.
El ministro también ha recordado el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid, cuya situación ha sido utilizada por Sumar para impulsar la medida de expropiación. Urtasun ha insistido en que el Gobierno buscará un alojamiento alternativo para ella, posiblemente a través de Casa 47, la entidad pública de vivienda, y ha reiterado su crítica a la gestión autonómica, tachando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de «psicópata social» por su «desprecio hacia las personas mayores».
En la misma entrevista, Urtasun explicó que Junts ha manifestado su disposición a apoyar el decreto siempre que se incluyan garantías de que las bonificaciones fiscales se mantendrán durante al menos cinco años y se establezca un mecanismo de supervisión independiente para asegurar la correcta aplicación de las expropiaciones. Esta condición, según el ministro, es esencial para que la formación independentista se sienta representada en el texto final y pueda convalidarlo en el Congreso.
El papel de Junts en la negociación presupuestaria
Además del decreto de vivienda, Urtasun ha confirmado que el Gobierno ha reanudado las conversaciones con Junts para lograr un acuerdo en los presupuestos generales del Estado para 2027. «Hay agua en la piscina», ha afirmado, sugiriendo que existe margen para alcanzar un pacto que permita aprobar las cuentas sin depender exclusivamente del apoyo parlamentario del PSOE y Sumar. La formación de Carles Puigdemont ha sido clave en legislaturas anteriores para desbloquear iniciativas clave, y su regreso a la mesa de diálogo podría repetir ese patrón.
Urtasun ha evitado entrar en detalles sobre las propuestas concretas que Junts podría exigir a cambio de su apoyo, pero ha dejado claro que el Gobierno está abierto a negociar «todo lo que sea necesario» para garantizar la estabilidad legislativa. «La mano siempre ha estado tendida», ha afirmado, destacando que la colaboración con la formación independentista no se limita a la vivienda, sino que también abarca otros ámbitos como la fiscalidad o las políticas autonómicas.
La crisis de Ceuta y el futuro político de Sumar
Preguntado sobre el impacto de la crisis migratoria en Ceuta en la legislatura, Urtasun ha reconocido que el Gobierno «no está en su mejor momento», pero se ha mostrado optimista sobre las perspectivas electorales. «Las elecciones se pueden ganar», ha afirmado, aunque ha advertido de que el desafío no se limita a «alimentar el miedo» a un gobierno de PP y Vox, sino a construir un «proyecto ilusionante» que atraiga al electorado.
Sobre su posible candidatura a la presidencia de Sumar en las próximas elecciones generales, Urtasun ha evitado confirmar su liderazgo, aunque ha dejado claro que participará activamente en la campaña. Estaré en la pelea, ha dicho, añadiendo que los detalles sobre los papeles de los miembros del Gobierno y la formación se comunicarán en las «próximas semanas». Ha rechazado, no obstante, entrar en polémicas internas, como las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la falta de unidad en la izquierda. Lo último que hace falta es una pelea, ha sentenciado, priorizando la unidad ante las divisiones.
El ministro ha insistido en que el objetivo es presentar un frente común que contraste con la «polarización» que, según su análisis, beneficia a la derecha. «No se trata de alimentar lo negativo, sino de ofrecer soluciones», ha concluido, vinculando directamente la gestión de la vivienda y la crisis migratoria con la necesidad de un proyecto político alternativo.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar flexibiliza su postura tras la presión de Pedro Sánchez para agilizar el texto y evitar bloqueos parlamentarios
Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha anunciado hoy en el Congreso que el Gobierno está dispuesto a negociar las propuestas concretas presentadas por Junts para el decreto de vivienda, incluyendo posibles bonificaciones fiscales a propietarios que deban prorrogar contratos de alquiler. La medida busca desbloquear un texto que lleva meses estancado y que el presidente Pedro Sánchez ha urgido aprobar antes de finales de septiembre, según fuentes parlamentarias.
La apertura de Urtasun llega tras semanas de tensiones internas en la coalición de Gobierno, donde Junts —el socio más reticente al texto— había condicionado su apoyo a cambios significativos en el borrador. Entre las propuestas en la mesa figuran incentivos económicos para propietarios en zonas con alta demanda de alquiler, una demanda que el partido catalán ha vinculado a la necesidad de evitar un «efecto expulsión» de inquilinos en municipios como Barcelona o Girona, donde los precios ya superan los 1.200 euros/mes en el 30% de los pisos disponibles.
El objetivo declarado por el ministro es «construir un decreto donde todos los actores se sientan representados», según declaró durante una sesión de control al Gobierno. Esta flexibilidad contrasta con la postura inicial de Sumar, que había rechazado cualquier modificación sustancial al texto original, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre. La presión para avanzar proviene tanto de la base parlamentaria del PSOE —que exige resultados tangibles antes de las elecciones autonómicas de diciembre— como de la propia dirección de Sumar, que busca evitar que el estancamiento en vivienda dañe su imagen como socio de Gobierno.
El contexto: un decreto clave para Sánchez, pero con escollos legales y políticos
El decreto de vivienda, en tramitación desde 2025, busca limitar los desahucios y ampliar el parque de alquiler social, pero su aprobación se ha visto lastrada por dos frentes: por un lado, los recelos de Junts —que lo consideran «demasiado intervencionista»— y, por otro, las advertencias del Tribunal de Cuentas, que en un informe de julio de 2026 advirtió sobre posibles «vulneraciones de competencias autonómicas» en las medidas de control de precios. La Generalitat de Cataluña, gobernada por ERC y Junts, ha sido especialmente crítica, alegando que el texto «descafeína» las herramientas de los ayuntamientos para regular el mercado.
La negociación con Junts adquiere especial relevancia porque el partido catalán podría condicionar el apoyo de ERC —que, aunque no forma parte de la coalición de Gobierno, mantiene acuerdos puntuales con el PSOE en temas como la fiscalidad—. Según fuentes cercanas a la mesa de diálogo, Urtasun ha propuesto una reunión específica con los portavoces de Junts en el Congreso, David Pérez y Joan Josep Nuet, para concretar las bonificaciones. Estas podrían incluir reducciones en el IRPF para propietarios que alquilen a precios regulados o exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante tres años, medidas que Junts ha calificado como «un primer paso» pero insuficientes para su apoyo incondicional.
¿Qué se juega cada actor?
Para Pedro Sánchez, la aprobación del decreto antes de fin de mes es una cuestión de credibilidad: el Gobierno lleva meses prometiendo «avances en vivienda» como respuesta a la crisis de precios, pero el estancamiento legislativo ha dejado al PSOE en una posición débil frente a críticas como las de Feijóo, quien en un mitin en Valencia el pasado 20 de septiembre tachó el texto de «teórico» y exigió «medidas ejecutivas». Internamente, la presión también viene de la base: en una encuesta interna de Sumar realizada entre afiliados en agosto, el 68% consideró que el retraso en vivienda era el principal «punto débil» del Gobierno.
Junts, por su parte, apuesta por usar el decreto como palanca para negociar mayor autonomía en políticas de vivienda, un tema clave en su estrategia de cara a las autonómicas catalanas. Su portavoz parlamentario, David Pérez, ha dejado claro que cualquier acuerdo debe incluir «mecanismos de compensación» para comunidades como Cataluña, donde el 40% de los pisos están en manos de fondos de inversión extranjeros —un fenómeno que el partido atribuye a la «especulación financiera» y no a la «escasez de oferta».
El riesgo para el Gobierno es que, si no se alcanza un acuerdo antes del 30 de septiembre, el decreto podría ser bloqueado en el Congreso por la abstención de Junts y el voto en contra del PP y Vox. Esto obligaría a Sánchez a recurrir a un real decreto-ley, una opción que ya ha sido descartada por el Consejo de Estado por posibles conflictos con la normativa europea de ayudas de Estado. La fecha límite no es casual: el 5 de octubre comienza el plazo para que los ayuntamientos presenten sus planes de vivienda a la Unión Europea, y sin el decreto aprobado, España podría perder fondos del Next Generation EU destinados a rehabilitación de barrios.
