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El ministro de Justicia exige acceso al expediente completo para impugnar la decisión que archivó sus quejas contra el juez instructor del caso Begoña Gómez

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha presentado este jueves un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para impugnar la denegación de acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado. El recurso se enmarca en el caso Begoña Gómez, donde Peinado actuó como instructor.

Bolaños alega que la negativa del CGPJ le ha provocado una «evidente indefensión», al impedirle conocer datos clave como la fecha en que el órgano judicial comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro. Según el ministro, estos detalles son esenciales para «impugnar fundadamente» la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que archivó sus quejas. Sin acceso al expediente, Bolaños asegura que tuvo que presentar el recurso sin elementos de juicio que consideraba imprescindibles.

El ministro critica que la secuencia temporal de los hechos pudo influir en la decisión de Peinado de solicitar al Tribunal Supremo su imputación. Desde Justicia, se insiste en que el CGPJ ha tolerado una «situación de parálisis» que favorece la impunidad, especialmente si el denunciado se jubila antes de que se resuelva el caso. Bolaños vincula esta actitud a un «corporativismo nocivo» que daña la imagen de la Justicia y la confianza ciudadana en sus mecanismos de control disciplinario.

El CGPJ ya había rechazado un primer recurso de Bolaños, lo que obliga al ministro a escalar su reclamación. La decisión del órgano judicial podría tener consecuencias políticas, dado que el caso Begoña Gómez —relacionado con la muerte de una joven en un control policial— ha generado polémica y ha puesto en el punto de mira al Poder Judicial.

El CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces en España, tiene competencias para velar por la independencia judicial y garantizar el cumplimiento de las normas disciplinarias. Sin embargo, su actuación en este caso ha sido cuestionada por la falta de transparencia y la percepción de parcialidad. Bolaños, en su calidad de ministro de Justicia, tiene la responsabilidad de supervisar el funcionamiento del sistema judicial, lo que añade un componente político al conflicto.

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