El Alto Tribunal admite el recurso del Ayuntamiento contra la anulación de la Ordenanza Fiscal 8/2024, que afectó a las liquidaciones de 2025
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos del Ayuntamiento de Madrid contra las sentencias que anularon la tasa de basuras, aprobada en diciembre de 2024 y vigente hasta 2025. El Alto Tribunal considera que el caso plantea un interés casacional objetivo para fijar doctrina sobre la información pública en ordenanzas fiscales con sistemas de pago por generación, según la Ley 7/2022 de residuos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha decidido revalorar la nulidad de la Ordenanza Fiscal 8/2024, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en marzo de 2026 por un defecto sustancial en el trámite de información pública: los ciudadanos no pudieron acceder a los anexos técnicos que detallaban el cálculo de la tasa, especialmente los relativos a la generación de residuos en actividades económicas. El TSJM consideró que sin esos datos no era posible fiscalizar el tributo.
El conflicto surgió cuando el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la tasa con los votos del PP (29 concejales a favor) y el rechazo de Más Madrid, PSOE y Vox. La norma entró en vigor el 1 de enero de 2025, pero fue sustituida en diciembre de 2025 por la Ordenanza Fiscal 14/2025, vigente desde 2026. Esto limita el alcance práctico del fallo del Supremo a las liquidaciones de 2025.
El Supremo ha señalado que el caso requiere tramitación prioritaria y un fallo preferente, lo que sugiere que la decisión podría producirse antes de lo habitual. La batalla judicial se centra en tres cuestiones clave: qué información debe publicarse durante el trámite de información pública, cómo se calculan las tasas de pago por generación y si el Ayuntamiento cumplió los requisitos legales para su aprobación.
El caso tiene un antecedente directo: la Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a establecer tasas diferenciadas por residuos, aplicando el principio «quien contamina paga». Sin embargo, la normativa estatal deja margen a los municipios para diseñar los sistemas de cálculo, lo que ha generado discrepancias en su aplicación. El Supremo ahora deberá aclarar si la omisión de los anexos técnicos en la fase de información pública invalida la ordenanza, un criterio que podría afectar a otras ciudades con sistemas similares.
La Sala de lo Contencioso admite a trámite los recursos del consistorio madrileño contra sentencias que anularon la Ordenanza Fiscal 8/2024 por incumplir garantías procedimentales
José Luis Martínez-Almeida logra que el Tribunal Supremo revise la anulación de la tasa municipal de basuras de Madrid tras admitir a trámite los recursos presentados por su Ayuntamiento. La Sala de lo Contencioso ha considerado que los recursos plantean un interés casacional objetivo para formar jurisprudencia sobre el trámite de información pública en ordenanzas fiscales que regulen tasas por residuos.
El Supremo priorizará la resolución de estos recursos, que cuestionan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declararon la nulidad de la Ordenanza Fiscal 8/2024 por incumplir el procedimiento legal. La decisión afecta directamente a la financiación del servicio de gestión de residuos en la capital, un debate que enfrenta al consistorio con vecinos, asociaciones y la propia ley estatal de residuos.
La admisión a trámite se produce tras siete autos de contenido similar, donde el Supremo destaca la trascendencia de las cuestiones planteadas. El Ayuntamiento argumenta que el TSJM omitió valorar aspectos esenciales del informe técnico-económico que justificaba la tasa, como los anexos sobre generación de residuos por actividades económicas. Estos documentos, según el consistorio, eran imprescindibles para fiscalizar la cuantificación del tributo.
La sentencia del TSJM, de marzo de 2026, anuló la tasa al considerar que el Ayuntamiento incumplió las garantías procedimentales al no publicar estos anexos durante el trámite de información pública. El tribunal subrayó que, aunque la ordenanza respondía a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados —que exige sistemas de financiación basados en el principio «quien contamina paga»—, no exime de cumplir con las normas que rigen la aprobación de ordenanzas fiscales.
El conflicto legal: ¿qué falló en el procedimiento?
El núcleo del conflicto radica en el procedimiento de aprobación de la ordenanza. El TSJM determinó que el Ayuntamiento de Madrid no incorporó al trámite de información pública los anexos técnicos que detallaban el estudio de generación de residuos por actividades económicas. Estos documentos, según la sentencia, eran esenciales para que los ciudadanos pudieran fiscalizar cómo se calculaba la tasa.
La omisión se produjo en un contexto legal complejo: la ordenanza se aprobó bajo la obligación de aplicar el principio de «quien contamina paga», establecido en la ley estatal de residuos. Sin embargo, el TSJM consideró que esta finalidad no justificaba el incumplimiento de las garantías procedimentales, como la publicación completa de la información técnica que sustenta la tasa.
El Ayuntamiento, ahora en el Supremo, sostiene que estos anexos sí existían y que su exclusión del trámite de información pública fue un error formal, no una falta de transparencia. La Sala de lo Contencioso ha decidido revisar este punto, lo que podría reabrir el debate sobre cómo deben aplicarse las normas de transparencia en la aprobación de tasas municipales.
¿Qué implica esta revisión para Madrid y el resto de España?
La decisión del Supremo tiene dos consecuencias inmediatas: por un lado, retrasa la aplicación definitiva de la anulación de la tasa, que hasta ahora estaba en vigor mientras se resolvía el recurso. Por otro, podría sentar un precedente nacional sobre cómo deben publicarse los informes técnicos en ordenanzas fiscales, especialmente en el ámbito de residuos.
Para el Ayuntamiento de Martínez-Almeida, la revisión es una victoria parcial: logra que el Supremo analice si el TSJM fue demasiado estricto al anular la tasa. Sin embargo, el consistorio sigue en desventaja, ya que la sentencia del TSJM ya había sido recurrida por otras entidades, como la Asociación de Vecinos de Usera o la Federación de Comercio de Madrid, que también impugnaron la ordenanza por considerarla regresiva para los comerciantes.
En el plano político, el caso refleja las tensiones entre autonomía municipal y control judicial. Mientras el Ayuntamiento defiende su derecho a establecer tasas para financiar servicios públicos, los recurrentes —incluyendo asociaciones vecinales— argumentan que la falta de transparencia en el procedimiento vulnera sus derechos. La revisión del Supremo podría clarificar si las administraciones locales deben publicar todos los documentos técnicos que justifiquen una tasa, incluso aquellos que no sean estrictamente obligatorios por ley.
Además, el caso tiene un efecto dominó potencial: si el Supremo confirma la anulación, otros ayuntamientos podrían revisar sus ordenanzas fiscales para evitar impugnaciones similares. Por el contrario, si el Supremo da la razón al Ayuntamiento, podría flexibilizar los requisitos de transparencia en la aprobación de tasas, lo que agilizaría su implementación en otras ciudades.
El plazo para que el Supremo resuelva el caso no está fijado, pero la Sala ha señalado que lo tratará con carácter preferente. Esto significa que la decisión podría llegar en meses, no en años, como suele ocurrir con otros recursos contenciosos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid mantiene la tasa en vigor, aunque su aplicación sigue siendo objeto de debate legal. La revisión del Supremo podría resolver si la ordenanza es constitucional o si, por el contrario, el TSJM tuvo razón al anularla por falta de transparencia.
